La Convención: Del conflicto a la mesa de diálogo

Luego de casi 14 días de paralización indefinida, dos muertos y acusaciones del gobierno central a los dirigentes de La Convención -de ser azuzadores y hasta narcotraficantes-, el día de ayer, 9 de agosto, se instaló oficialmente la mesa de diálogo para atender las demandas de la provincia cusqueña. Sin embargo, para entender los motivos de esta paralización, es necesario revisar los hechos y los pedidos que se han venido haciendo desde hace tres años atrás.

Antecedentes del conflicto

El Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de La Convención ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las demandas planteadas por los pobladores de dicha localidad no son de ahora, y que se remontan inclusive al año 2012. En un pronunciamiento público, emitido el 9 de marzo del 2012, muestran su “extrañeza” al entonces Premier Oscar Valdez Dancourt “por la suspensión unilateral e injustificada de la mesa de diálogo programada por mutuo acuerdo para el día 9 de marzo del 2012”. En las demandas planteadas en esa época estaban las mismas que hoy han generado la paralización indefinida de los pobladores del lugar, como, por ejemplo: “La lucha efectiva contra la corrupción en la provincia de La Convención; la construcción e implementación de una planta de fraccionamiento, almacenamiento y envasadora de GLP en Kepashiato; la intangibilidad de la ley Nro. 27506, “Ley del Canon Gasífero”, entre otras.

Además, antes de iniciar esta paralización indefinida, los dirigentes del Comité Central de Lucha de la Convención realizaron varias gestiones ante el gobierno central para intentar canalizar un espacio de diálogo, tal como lo señalan sus dirigentes en un pronunciamiento público: “Desde años atrás, y particularmente desde el 24 de setiembre del 2013, hemos sostenido mesas de trabajo con el gobierno nacional, en las que hemos tenido el ofrecimiento de atención de las demandas consignadas en nuestra Plataforma de Lucha Nacional 2013; con los presidentes de los consejos de ministros: Juan Federico Jiménez Mayor, César Villanueva Arévalo y René Cornejo Díaz; con la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz; con el Contralor General de la República, Fuad Kouri Zarzar; con el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Vicente Zevallos Salinas, con el entonces presidente del Congreso de la República, Freddy Otarola, y con el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, así como con representantes de otras instituciones. Empero, a la fecha no se han atendido nuestras demandas…” Esto quiere decir que el gobierno central conocía perfectamente la situación de tensión que se venía generando.

De los últimos hechos sucedidos en Quillabamba

El Comité Central de Lucha para el Desarrollo de la Provincia de La Convención anunció el inicio de una paralización indefinida para el día miércoles 27 de setiembre. El pliego de demandas tenía 16 puntos de agenda, muchos de los cuales son los mismos de hace dos años. Entre ellos podemos destacar los siguientes: rechazo a la suscripción del contrato para la ejecución del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” por el consorcio Gasoducto Sur Peruano (ODEBRECHT – ENAGAS), por cuanto no generará un polo de desarrollo en la provincia; lucha efectiva contra la corrupción; construcción e implementación de una planta de fraccionamiento, almacenamiento y envasadora de GLP en Kepashiato; intangibilidad de la ley Nro. 27506, “Ley del Canon”; atención de las demandas del I Congreso de Emergencia Agraria de la provincia de La Convención; Integración vial de la provincia; rechazo al proyecto Santa Teresa –II, ejecutado por la empresa Luz del Sur SAC, entre otros.

Luego de siete días de paralización, el 3 de setiembre se produjo un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes que habían bloqueado la vía que conduce a Machu Picchu, en la zona denominada “Calvario - Cerro Saucepampa”, en el distrito de Santa Teresa. En esta confrontación, lamentablemente falleció el adolescente Jhapet Claysont Huilca Pereira (16), quien fue alcanzado por una bala de los efectivos policiales. Lo sucedido se encuentra en investigación.

Un segundo hecho lamentable y que aún no ha sido esclarecido, fue dado a conocer el sábado 6 de setiembre, cuando los medios locales informaron del fallecimiento del alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez, quien murió dentro de una camioneta station wagon blanca que cayó al río Vilcanota desde el puente Pavayoc - Quillabamba. Genaro Cahuana, uno de los dirigentes que se encontraban en la camioneta y que sobrevivió a la caída, dio su testimonio a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDH. “Genaro señala que a la 1:30 de la mañana, habían sido detenidos por un contingente de 40 policías y subidos a la camioneta, para ser conducidos a la comisaría. Al terminar de cruzar el puente Pavayoc, de una longitud de 70 metros, el chofer se dio de bruces con las luces altas de un cargador frontal, alrededor del cual se encontraban varios policías, motivo por el cual hace un giro, y, en medio de la confusión, cae la camioneta al río…” Sin embargo, otros testigos manifiestan que un grupo de policías fue el que empujó el vehículo al río. Las investigaciones deberán determinar quiénes fueron los responsables de la muerte del alcalde de Kepashiato. Además, los pobladores de La Convención han señalado que la Policía quiere justificar sus actos acusando ahora a estas personas de narcotraficantes, por la pasta básica de cocaína (PBC) aparentemente encontrada dentro del vehículo.

Se inicia diálogo y se conforman mesas de trabajo para atender el conflicto

Los pobladores y dirigentes de la provincia de La Convención llegaron a la ciudad del Cusco, este lunes 8 de setiembre, para buscar solidaridad entre los cusqueños y para insistir, una vez más, en la instalación de una mesa de diálogo. Luego de hacer varias visitas a las autoridades regionales y de realizar marchas en las principales arterias, los dirigentes manifestaron que los convencianos no eran violentistas, terroristas ni narcotraficantes, pero exigieron justicia para las dos personas fallecidas a consecuencia el conflicto.

Finalmente, el día de ayer, 09 de setiembre, representantes del gobierno central, Congresistas del Cusco y dirigentes de La Convención, reunidos en el local del gobierno regional, acordaron levantar la medida de lucha. Ricardo Caballero, presidente del Comité Central de Lucha de La Convención, señaló que el acuerdo es que el ministro o el viceministro de Agricultura viajará, este jueves 11 de setiembre, a la ciudad de Quillabamba, para instalar la primera mesa de trabajo. En esta primera reunión participarían representantes del ministerio de Economía, de la gerencia de Desarrollo Económico y de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Cusco, entre otros. El 26 de setiembre se instalará, así mismo, la mesa de trabajo sobre Energía y Minas, con la participación de los ministerios del sector y de Medio Ambiente. Para el 10 de octubre se conformará el grupo de trabajo sobre proyectos de vialidad e infraestructura hospitalaria, entre otros. La última mesa de trabajo se conformará el 17 de octubre, para tratar aspectos sociales.

El conflicto suscitado en La Convención pudo haberse evitado. Las organizaciones sociales han insistido por todas la vías, en su afán por establecer un espacio de diálogo, pero, una vez más, los compromisos asumidos por el gobierno central no fueron cumplidos. Dos personas no debieron fallecer. La política de este gobierno para el tratamiento de los conflictos, al parecer, no ha cambiado mucho.

Movilizaciones en Canchis

La construcción de la central hidroeléctrica Sallca Pucara, en la provincia de Canchis, otra vez viene generando rechazo en un sector de la población local. Se denuncia que el proyecto afectará hectáreas de terreno y modificará sustancialmente las aguas de los ríos Salcca y Vilcanota, un aspecto que no ha habría sido abordado por la empresa impulsora, ni mucho menos tomado en cuenta en el Estudio de Impacto Socio-Ambiental exigido por las organizaciones sociales.

Por esta razón, las organizaciones sociales integradas al Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis, FUDIC, acordaron formar un Comité de Lucha Provincial, para convocar a los representantes de la Central Hidroeléctrica Pucara, técnicos y profesionales, a fin de que expongan los beneficios, las expectativas y las consecuencias del proyecto. También, convocar a un paro de carácter preventivo, de 48 horas. Esta paralización fue acatada, los pasados 6 y 7 de setiembre, en los distritos de Tinta y Combapata. Los manifestantes bloquearon la principal vía de comunicación que une Cusco y Puno, y recién en horas de la tarde, dejaron pasar a los vehículos varados.

Jaime Borda.

Derechos Humanos Sin Fronteras.