La necesidad de promover tal campaña viene a raíz de la situación
crítica que viven los y las líderes/as, dirigentes sociales, defensores/as de
los derechos humanos, universitarios, y otros actores sociales que se movilizan
por exigir algún derecho.
Como lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, “la protesta pública es una de las formas
de ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión y permite garantizar
el buen funcionamiento del sistema democrático. […] Son propias de cualquier
democracia pluralista”. Sin embargo, constatamos una política de parte del
Estado de reprimir estas voces plurales: facilitando una mayor represión
policial a través de varios cambios legales, como la ley 30.151 que levanta la
imputabilidad de los policías que cometerían delitos contra los que protestan;
denunciando penalmente y abriendo investigaciones contra dirigentes sociales; y
llevando a cabo una campaña de difamación contra los que ejercen su derecho a
la libre expresión a través de la protesta social, acusándoles de ser
“azuzadores”, “violentistas”, “terroristas”.
Como dijo Rosa Luxembourg,
“Quien no se mueve, no siente las cadenas”. Muchos son nuestros conciudadanos/as
que no son conscientes de esta problemática y compran fácilmente el discurso
oficialista que deslegitima la protesta social. Para contrarrestar esta
dinámica de invisibilización de las luchas y culpa a los que protestan, hasta
el mes de diciembre, realizaremos una serie de acciones públicas: el 12 de
octubre, para el Día Internacional de la Resistencia Indígena, colocamos
información sobre la lucha de los Pueblos Indígenas en el Perú, y su
criminalización; realizamos un ciclo de cine-foro, presentando documentales
como “Operación Diablo” o “Defendiendo la Justicia” (sobre el caso Majaz);
llevaremos a cabo talleres con estudiantes de derecho, partiendo de estudios de
caso concretos; realizaremos un Conversatorio sobre Protesta Social y Libertad
de Expresión, con la presencia de varios actores de la sociedad civil y del
Estado; participaremos en varias actividades de las universidades (congresos,
revistas, etc) para visibilizar esta temática; y, finalmente, participaremos
con varios dirigentes en la Cumbre de los Pueblos, para presentar un informe
sobre la criminalización de la protesta contra el proyecto hidro-eléctrico
Majes Siguas, en Espinar en el 2010.
Desde Derechos Humanos Sin
Fronteras, creemos fundamental darles a conocer los mecanismos con los cuales
el Estado Peruano pretende instilar el miedo en los que protestan para mantener
el orden social tal y como es; es fundamental para nuestra democracia y la
construcción de una sociedad más justa.
Derechos Humanos Sin
Fronteras.
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