Violaciones de los derechos humanos en Perú: la mecánica de la impunidad

La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha conseguido que se reabra medio centenar de casos relacionados con crímenes masivos cometidos en los 80 en el país andino, pero desde principios de año la Corte Suprema ha absuelto a más de una treintena de oficiales. El “lobby” de los militares se ve arropado por el entorno del presidente, el excapitán Ollanta Humala, también procesado.

Lima, enviado especial.-  Se trata de una fotografía del presidente peruano Ollanta Humala ya conocida. Sentado sobre un muro, vestido con traje de campaña, el dedo en el gatillo de un fusil. Esta imagen data de 1992 cuando, como capitán, se encontraba al frente de la base “antisubversiva” de Madre Mía, en la región de Tingo María. La fotografía volvió a ser publicada a finales de agosto por el semanario Caretas para ilustrar una investigación sobre el entorno presidencial, integrado por antiguos camaradas de combate, miembros de las fuerzas especiales o de inteligencia, con algunas causas pendientes con la justicia.

Ollanta Humala, en 1992, cuando estaba al frente de la base “antisubversiva” de Madre Mía.

Ollanta Humala, en 1992, cuando estaba al frente de la base “antisubversiva” de Madre Mía. © Caretas

Desde el mes de julio, el presidente Ollanta Humala mantiene en el cargo como ministro del interior al exgeneral Daniel Urresti, imputado con relación al asesinato en 1988 de un periodista.

Humala, que se comprometió solemnemente en mayo de 2011, ante un centenar de testigos – entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa –, a« respetar los derechos humanos » y a « no interferir en las investigaciones », no cumple con su palabra. La Presidencia y su Gobierno contradicen la doctrina de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en 2003 inició un proceso para judicializar los crímenes cometidos durante la guerra civil que enfrentó a las fuerzas de seguridad con los maoístas del Partido Comunista Sendero Luminoso, en las décadas de los 80 y de los 90.

Desde comienzos de año, una treintena de oficiales han quedado absueltos tras haber sido condenados, la mayoría de ellos en primera instancia. En enero, la Corte Suprema liberó a dos militares declarados culpables de cuatro asesinatos en Chirutilla (Puno). En marzo, la misma Corte dejó limpios a los 27 policías y guardias civiles condenados en primera instancia por la masacre de Lucmahuayco (Cuzco), que se saldó con 34 muertos, en 1984. En mayo, la Sala Penal Nacional absolvió al general Paz Figueroa, jefe del Comando de Reservas y Movilizaciones del Ejército Peruano, condenado en primera instancia junto con otro oficial, por el secuestro de un profesor en Huancavelica, en 1991.

En 2003, un antiguo camarada de Humala en Madre Mía, director de la escuela militar Leoncio Prado, también se benefició de la clemencia de la Corte Suprema. El coronel Cronwell Espinoza Sotomayor, durante un tiempo oficial de inteligencia en Madre Mía, fue absuelto por el Alto Tribunal, tras haber sido condenado a diez años de prisión por el secuestro de un campesino en 1992. Este militar, contra el que se han presentado 64 denuncias ante la CVR, es conocido como Motosierra en la zona del Alto Huallaga. Los cadáveres de algunas víctimas de la base “antisubversiva” de Aucayacu, que dirigía antes de formar parte de Madre Mía, aparecieron descuartizados.

La deriva del poder judicial en lo que se refiere al tratamiento de las violaciones de los derechos humanos era previsible. El presidente peruano, habida cuenta de su trayectoria militar y también judicial, encarna simbólicamente cierta forma de impunidad. El excapitán Ollanta Humala, que también ha sido objeto de investigaciones entre 2006 y 2009 por secuestros y asesinatos cometidos en la base militar de Madre Mía por militares a sus órdenes, ha logrado el archivo parcial en Lima de estos hechos sobornando a varios testigos.

A dos años del final de su mandato, el presidente ha tenido muy presente en dos de sus nombramientos el peso de este primer círculo. En diciembre, designó jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al general Benigno Cabrera, quien fuera su superior en la zona de Tingo María y también investigado. Acto seguido, en enero, nombró a uno de sus antiguos adjuntos en la base de Madre Mía, al general Fernando Leguía, jefe de la Casa Militar del Palacio Presidencial.

Ollanta Humala, en un desfile de tropas, después de su elección en 2011.

Ollanta Humala, en un desfile de tropas, después de su elección en 2011. © Reuters

Según consta en el informe final elaborado por la Comisión Verdad y Reconciliación, publicado en 2003, la guerra civil causó en Perú cerca de 69.000 víctimas, muertos o desaparecidos, a manos de organizaciones “subversivas” o de agentes del Estado. Tras haber recogido casi 17.000 testimonios, la CVR concluyó que « el primer paso hacia la reconciliación » solo es posible « si los autores de los crímenes contra la humanidad asumen su responsabilidad, comparecen ante la justicia y pagan su deuda con la sociedad ».

En el informe final, la CVR presentó 47 casos al Ministerio Público. De estos casos, hay algunos que apuntan directamente a los presidentes Alan García (1985-90) y Alberto Fujimori (1990-2000). Este último, quien llegó incluso a otorgarse plenos poderes antes de detener en 1992 a Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, huyó del país en el año 2000 para retornar al país, detenido, extraditado por Chile en 2007.

«Los militares ejercen presión institucional contra el poder judicial»

En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por ordenar, en calidad de « autor intelectual », el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño, en el barrio de Barrios Altos de Lima, en 1991 ; después el de nueve estudiantes y el de un profesor universitario de la Cantuta en 1992 a manos de militares del “grupo Colina”. Estos asesinatos fueron considerados crímenes contra la humanidad.

« Pensamos que la condena de Fujimori, confirmada por la Corte, sentaría jurisprudencia, pero no ha sido así. Los jueces no han seguido la doctrina y no la han aplicado », se lamenta Sofía Macher, de la CVR, a preguntas de Mediapart. « En los casos de secuestro y de desaparición, algunos jueces han desestimado los testimonios de las familias, alegando que no eran imparciales. Claro que, en este tipo de casos, los únicos testigos suelen ser las familias... Los militares han aprendido a hacer “lobby” y son muy activos, mientras que las organizaciones en defensa de los derechos humanos están muy debilitadas dada la duración de los procesos y ante la falta de medios. »

Más tarde, la Corte Suprema anuló en julio de 2012 las condenas impuestas en primera instancia a los militares del “grupo Colina” y al antiguo consejero especial de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Juzgó que los asesinatos de Barrios Altos no eran constitutivos de « delitos contra la humanidad ». Redujo las penas impuestas a varios de ellos, contradiciendo incluso la sentencia que había dictado contra Fujimori. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó a Perú a dar marcha atrás en agosto de 2013.

Alberto Fujimori, a la derecha, unos meses antes de huir con su consejero Vladimiro Montesinos (a la izquierda).

Alberto Fujimori, a la derecha, unos meses antes de huir con su consejero Vladimiro Montesinos (a la izquierda). © Dr

Único recluso en la cárcel de Barbadillo – situada en unos terrenos de 10.000 m², en el perímetro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía –, Alberto Fujimori se ha beneficiado de condiciones de detención bastante ventajosas. Tiene 800 m² a su disposición que incluyen cocina, comedor, salón, jardín, taller de pintura, donde se turna para las guardias una quincena de funcionarios de prisiones. (Aquí se pueden ver las fotos publicadas por el diario La República, sobre el penal donde está Fujimori). La Base Naval del Callao acoge en condiciones más estrictas a otros tres detenidos : el exjefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el que fuera mano derecha de Fujimori Vladimiro Montesinos y el propio hermano del presidente, Antauro Humala, antiguo mayor, que cumple una condena de 25 años por el ataque de una comisaría que terminó con seis muertos en 2005.

« En estos momentos, los militares ya no piensan como hace diez años. El Ejército ya no pide perdón por lo que hizo », explica Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). « Los acusados de violación de derechos humanos logran establecer mecanismos de presión institucional contra el poder judicial. Y lo hacen de forma subrepticia o con declaraciones solemnes de los comandantes generales, la interpelación de un ministro de Defensa o mediante reacciones políticas procedentes la mayoría de las veces de fujimoristas. »

Todos los militares imputados – y Ollanta Humala se encuentra entre ellos – actuaron a las órdenes de Fujimori, quien en junio de 1995 llegó a promulgar dos leyes de amnistía en su propio beneficio, anuladas más tarde.

Seis meses después de su elección, el presidente Humala anunció que defendería a sus antiguos camaradas, dijera lo que dijese el poder judicial. Se refería a la investigación abierta con relación al asalto de los comandos Chavín de Huántar a la residencia del embajador de Japón, ocurrida el 22 de abril de 1997, donde se encontraban 72 personas – de las 500 retenidas en un primer momento – tomadas como rehenes por militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Mientras que de forma oficial se dijo que los 14 secuestradores cayeron muertos en el enfrentamiento, lo mismo que dos militares y un rehén, el primer secretario de la embajada japonesa reveló en 2001 que tras el asalto vio cómo al menos tres supervivientes se encontraban en manos del Ejército. Una mujer y un hombre se hallaban en un primer patio, mientras que el jefe del comando, Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, estaba en un jardín. Escuchó implorar a la mujer que no mataran a su camarada, después oyó disparos. Vio cómo el jefe del comando era conducido por los militares.

Tras la denuncia interpuesta por las familias, se abrió una investigación por « homicidios » y el peritaje demostró que ocho secuestradores fueron alcanzados por disparos en el cuello. « La posición de las víctimas parece que era la misma y que su movilidad se vio reducida al mínimo o fue prácticamente nula », reveló la CVR en 2003. « Estas constataciones permiten suponer que los subversivos fueron abatidos sin que se encontrasen en condiciones de defenderse. »Contrariamente a los demás fallecidos, que recibieron varios impactos en el cuerpo, el jefe del comando murió de un solo disparo en la cabeza.

Humala «garantiza que ningún miembro del comando Chavín de Huántar irá preso»

Tras una larga fase de instrucción, el proceso se encontraba a punto de concluir en enero de 2012 cuando el presidente Humala aseguró que garantizaba que « ningún comando Chavín de Huántar iría preso ». El antiguo jefe de Madre Mía, el general Leonel Cabrera, dirigió el comando. La recomendación de la CIDH que establecía la responsabilidad del Estado peruano en las tres ejecuciones extrajudiciales en el momento de la liberación de los rehenes fue determinante para que el presidente hablase. « Estos organismos internacionales creen que se pueden meter en temas que la jurisdicción peruana no ha terminado de resolver... », deploró. Eso sí, ni el presidente ni el Ejecutivo dejan de inmiscuirse.

El comando Chavín de Huántar, con Leonel Cabrera, ex superior de Humala, en el medio.

El comando Chavín de Huántar, con Leonel Cabrera, ex superior de Humala, en el medio. © DR

En agosto de 2013, se supo que el presidente del Poder Judicial, César San Martín, había convocado en mayo de 2012 a la jueza al frente de las audiencias, Carmen Rojjasi, a una reunión con el ministro de Justicia – y futuro primer ministro –, Juan Jiménez y Pedro Cateriano, enviado especial del Estado peruano a la CIDH y futuro ministro de Defensa. La grabación de esta reunión, hecha pública por el diario La República da idea de la magnitud de la presión gubernamental ejercida sobre la jueza.

El magistrado agradece a la jueza su « comprensión » y su « lealtad al Estado » porque el Estado había sido « muy mal defendido » en este procedimiento. Quería precisar los detalles del futuro juicio. « La base es decir si hubo o no [ejecución] extrajudicial », dice. « A ver, Carmencita. Una cosa : si tú dices, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable. La pregunta es, esa ejecución extrajudicial ¿ se hizo por orden de los acusados presentes en el juicio ? » El alto magistrado insiste : « Uno puede decir : si hay [ejecución] extrajudicial pero no está probado si fue por orden. Dos, nos hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nadie. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga [...] que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro. »

« Y la crisis política », subraya el ministro de Justicia.

« El peor escenario, sigue César San Martín, es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar. [...] Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, es que se diga “no hay muerto extrajudicial, murieron en combate”. »

Es preciso que « la sentencia esté bien hecha » y que « sea y que parezca ser un juicio que se ha dado con plenas garantías », especialmente de independencia... « Me he permitido [a la jueza] traerla con ustedes para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y para que ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para que le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional. »

« Doctora, la resolución de la sala que preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no », insiste le futuro ministro de Defensa. De todas formas, « causará impacto ». El ministro de Justicia concluye : « En su manos, el Perú. »

Ollanta Humala recibe el presidente del poder judicial Cesar San Martin, en 2011.

Ollanta Humala recibe el presidente del poder judicial Cesar San Martin, en 2011. © DR

En octubre siguiente, la Sala presidida por Carmen Rojjasi opta por confirmar la ejecución extrajudicial de Tito exculpando al antiguo consejero de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y a los generales imputados. Pero lo hace en ausencia de la jueza, que no fue ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura días antes, aduciendo el « bajo nivel » de las sentencias que había dictado.

« Desde finales de 2013, hasta el pasado mes de marzo, el órgano ejecutivo del poder judicial optó por apartar a varios jueces de la Sala Penal Nacional que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y se da la circunstancias de que los apartados son magistrados que habían dictado sentencias condenatorias », explica el abogado Carlos Rivera. « No queda la menor duda de que se apartó a los jueces que mostraron mayor compromiso en defensa de los Derechos Humanos y así se lo dijimos al presidente de la Corte Suprema. Estas decisiones van a tener consecuencias en los próximos años, los nuevos jueces no tienen la misma experiencia. El objetivo pasa por reabrir el debate sobre una jurisprudencia ya existente, en lo que se refiere a determinar si el secuestro supone o no delito continuado, si los crímenes cometidos en los años 80-90 son o no crímenes contra la humanidad, si han prescrito o no y si los jefes militares pueden ser los autores intelectuales de estos crímenes... »

En Llocllapampa, «los asesinaron como a animales que van al matadero»

Estos traslados de jueces hacen más frágil el proceso en curso. En el caso de la masacre de Accomarca, dos de los tres jueces han sido trasladados, pero prosiguen con la instrucción del caso en la audiencia, a razón de media jornada a la semana. Este proceso que se abrió en diciembre del año 2010 sucedió en la periferia de Lima, en un ala del centro de detención Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. En la masacre de Accomarca, no se debate sobre si se trató de un crimen contra la humanidad. El 14 de agosto de 1985, varias patrullas del Ejército llegaron a la aldea de Llocllapampa donde asesinaron a 69 personas, entre las cuales había 30 menores.

Un día después de la masacre en Accomarca.

Un día después de la masacre en Accomarca. © DR

Esta operación se desarrolló sin que mediara enfrentamiento alguno. Con el pretexto de celebrar una asamblea, los militares convocaron a los lugareños, después violaron a las mujeres y encerraron a medio centenar de personas en dos casas próximas. Entonces ametrallaron a las víctimas e incendiaron los edificios lanzando granadas. Tras cometer la masacre, rastrearon el pueblo en busca de supervivientes, asesinando a otros campesinos, a un anciano, a tres niñas y quemando las casas.

También habían recibido órdenes de no dejar rastro para así poder atribuir la masacre a Sendero Luminoso. Y tres semanas más tarde, el Ejército regresaba al lugar de los hechos para acabar con los testigos. Se elevaba con ello a 78 el número de víctimas ; según las familias, fueron 114 los asesinados.

Los medios de comunicación solo asisten puntualmente a la audiencia de este proceso, a la que sí acuden algunos familiares de las víctimas. « Vengo en representación de mi hermana, que perdió a dos niños de 6 y 12 años », dice Raúl Baldón. « También mataron a mi hermano, Severino. Los asesinaron como a animales que van al matadero. Pero los jefes aquí – señala a los acusados – no quieren reconocer su implicación. » A pesar de la gravedad de los hechos, tan solo hay un militar en prisión, el lugarteniente Telmo Hurtado, jefe de una de las patrullas. « Los abogados de los otros quieren hacerle pasar por loco », explica Baldón.

« Mi padre fue asesinato, pero mi hermana logró escapar », explica Albino Palacios, también presente en la sala. « Mi hermana había dado de comer a los militares, quienes le advirtieron : “No hay asamblea, huye, vamos a mataros a todos”. Se escapó pero lo vio todo. La gente que fue conducida a sus casas, los soldados que dispararon a las puertas. Los soldados gritaron como si hubiesen ganado la guerra, me contó mi hermana. »

El jefe de la patrulla habló. Acusado tan solo de « abuso de autoridad » por la justicia militar, Hurtado continuó su carrera en Perú sin problema alguno hasta que la CIDH forzó a Perú a reabrir la causa en 2002. Huyó a EEUU y fue detenido y después extraditado. Ha decidido contar cómo ocurrieron los hechos y las reuniones previas.

« A menudo, en estos casos, tenemos a los autores directos o a los que dieron la orden, los autores intelectuales », explica Carlos Rivera, abogado de las familias. « Es muy complejo, porque con frecuencia es necesario juzgar a uno sin el otro y viceversa. Pero en el caso de Accomarca, por vez primera, todos los que participaron en los crímenes están en el banquillo. Tenemos a 28 acusados. Del comandante general a los miembros de las patrullas que eliminaron físicamente a los campesinos. » Telmo Hurtado, conocido como el carnicero de los Andes, se enfrenta a sus jefes.

« El general Wilfredo Moll, antiguo jefe militar de la zona, dijo a Hurtado : “Nunca te he visto y tú no me conoces, no puedes decir que te di órdenes”, explica el abogado Rivera. Hurtado le respondió : “Escuche, general Moll, un mes después del crimen, me encontraba en Lima. Desde Ayacucho, me llamaron para decirme “Busca al general Moll”. General, fui a su casa, en la urbanización militar de Chorrilllo. Y usted, en su casa, me dio órdenes de volver a Ayacucho a continuar con la operación de limpieza de Accomarca. Volví en avión, me esperaban en Huamanga y allí subí a un helicóptero para continuar con la operación de limpieza que me ordenó”. »

Familias de víctimas piden justicia desde 29 años.

Familias de víctimas piden justicia desde 29 años. © DR

A pesar de todo, los militares encausados han aprendido en cuatro años a ver con optimismo el fin del proceso. La amnesia es la baza de la defensa. En otro caso central, el ocurrido en el cuartel Los Cabitos (Huamanga), que se celebra una vez por semana en una sala de la Sala Penal Nacional, las declaraciones de los generales negando tener conocimiento de las detenciones ilegales se suceden.

La CVR reunió pruebas relacionadas con el secuestro y la ejecución, a manos de militares, de 138 personas, en Los Cabitos, entre 1983 y 1984, y forzó en 2005 la reapertura de la investigación judicial de 47 casos ocurridos en 1983. Se han identificado los diferentes lugares donde se interrogaba y torturaba en el cuartel – la piscina, la pocilga –. Antiguos efectivos han permitido localizar, desde 2005, tumbas clandestinas en un paraje de 17 hectáreas, situada en el interior del recinto del cuartel. Se habían plantado cactus sobre las sepulturas para ocultarlas mejor.

En 1985, se construyó un horno crematorio, a iniciativa del nuevo jefe político militar de la zona, el general Wilfredo Mori Orzo – igualmente implicado en la masacre de Accomarca – para proceder a la incineración de los cuerpos, inicialmente para hacer desaparecer los cadáveres de una fosa común. Los expertos médico-forenses y los arqueólogos desplazados sobre el terreno han hallado 58 fosas y los restos de 109 víctimas, pero tan solo 53 esqueletos completos. El 20 de septiembre pasado, la Fiscalía presentó un jirón de ropa hallada en las tumbas como prueba para proseguir con el trabajo de identificación de los desaparecidos.

Expertos médico-forenses en el sitio de las tumbas clandestinas ; atrás, el horno crematorio.

Expertos médico-forenses en el sitio de las tumbas clandestinas ; atrás, el horno crematorio. © DR

El 20 de agosto, el general encargado de la logística de Los Cabitos prestó declaración como testigo.« ¿ Pudo ver que policías conducían a sospechosos conducidos al cuartel ? » « ¡ Nunca ! », responde.« ¿ No había estancias pequeñas donde se retenía a los sospechosos ? » « Nunca. » « Sabe que había muchas denuncias relacionadas con las desapariciones que se atribuyen al personal de Los Cabitos. Era público, en los periódicos... » « No me consta. » « ¿ No lee los periódicos ? » « No me consta. » « Durante sus funciones, ¿ era consciente de lo que sucedía en el cuartel ? » « Por supuesto que era consciente. » « Es todo, gracias. »

PAR KARL LASKE