Ante la campaña de difamación realizada por el
gobierno y algunos medios de comunicación en contra de muchas organizaciones no
gubernamentales de promoción del desarrollo – ONGD, nacionales y extranjeras,
sus directivos, y ante la última directiva de la APCI (Resolución Directoral
Ejecutiva N° 085-2015-DE)que condiciona la renovación de la inscripción de
éstas a una supervisión, las y los abajo firmantes, demandamos:
- Se
deroguen los dos condicionamientos establecidos para la renovación de los
registros de la APCI referidos a “haber sido supervisada por la APCI (…) de ser
el caso” y “haber cumplido con las recomendaciones efectuadas, como
consecuencia de acciones de supervisión realizadas por la APCI”.
- Se
modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada RDE, respetando
la definición ya señalada en la Resolución Directoral Ejecutiva N°
024-2010-APCI-DE; a fin de garantizar en nuestro país el derecho a la libertad
de asociación y el derecho de las ONGD a ejecutar sus planes y programas de
acción.
Asimismo, señalamos lo siguiente:
- En el
Perú existe un clima de alta conflictividad social, que no es responsabilidad
de las ONGD. El intentar buscar culpables impide entender la profundidad del
problema y conduce a falsas soluciones.
- Los
conflictos revelan un serio problema de falta de legitimidad de las
instituciones del Estado, que debe corregirse a fin de que los ciudadanos
puedan canalizar sus demandas y preocupaciones a través de ellas. De lo
contrario, los conflictos continuarán y escalarán, pues la protesta se
convierte en la única vía que existe para que las poblaciones, disconformes con
las decisiones del Estado, hagan conocer su desacuerdo. Por lo tanto, desde
nuestra perspectiva amenguar la protesta con la utilización de la fuerza y
mecanismos de control, es un error y va contra la esencia de la democracia.
- Nosotras
y nosotros jamás nos hemos opuesto a que el Estado supervise y fiscalice el uso
de recursos que provienen de la cooperación internacional. Por el contrario,
siempre hemos estado de acuerdo con ello y es prueba de lo mismo que somos
supervisados y/o fiscalizados por la APCI (antes por la SECTI), por la SUNAT,
por los ministerios, por los gobiernos regionales, adicionalmente al
seguimiento de nuestros financiadores y los evaluadores y auditores externos
que los mismos designan. Somos las instituciones más fiscalizadas del país. Lo
que nos parece inaceptable es que los mecanismos de supervisión y fiscalización
se utilicen para controlar a quien piensa distinto. La discrepancia no puede
ser castigada, sino entendida de forma positiva cuando es adecuadamente
trasmitida y canalizada, debido a que permite que las decisiones se mejoren.
- En ese
sentido, queremos recordar que las ONGD en el Perú tenemos más de 50 años de
trabajo comprometido con la investigación, la promoción y el desarrollo.
Contribuyendo a que se conozca el país, a la descentralización, a procesos
participativos de planificación del desarrollo, a la elaboración de
presupuestos por resultados, a la formulación de los planes de igualdad de
oportunidades, planes de prevención de la violencia de género, entre otros.
Hemos defendido la vida y los derechos humanos en los momentos más duros del
conflicto interno, y contribuido a recobrar la democracia. En otras palabras
hemos contribuido a defender y ampliar la democracia.
- Hemos
fundado y participamos en espacios de concertación como la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la pobreza, el Acuerdo Nacional y los diversos Consejos de
participación de otros sectores del estado a nivel nacional y regional, como la
CMAN, CONCORD, entre otros.
La democracia se fortalece con una sociedad con
autonomía, capacidad crítica y reconocimiento. Es por ello, que la declaración
de Busán firmada por el gobierno peruano, reconoce la importancia de la
sociedad civil, su derecho a ser actores del desarrollo, y de hacer presente
los derechos de las poblaciones marginadas. Del mismo modo, el Foro de Alto
Nivel sobre la eficacia al desarrollo realizado en México el 2014, reconoce la
necesidad de generar un clima propicio y habilitante para el desempeño de la
sociedad civil. Idea compartida por el Comisionado especial de la Naciones
Unidas sobre el Derecho de Asociación y reunión.
Perú, 12 de junio de 2015.
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