RED MUQUI, colectivo nacional de instituciones de
la sociedad civil, que acompaña a comunidades y poblaciones que habitan en
zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y que existan
personas heridas producto de un enfrentamiento entre la Policía y pobladores de
la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac que bien se
pudo evitar.
2. Desde
el mes de marzo las comunidades enviaron documentos a las autoridades
nacionales, solicitando información de los procedimientos administrativos
seguidos por la empresa china/australiana MinMetal Group Limited ante el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM) para la modificación, en cuatro oportunidades, del
EIA del proyecto Las Bambas y pidiendo que éstas se dejen sin efecto por
haberse realizado sin participación ciudadana ni consulta previa. Además, dos
de éstas modificaciones se hicieron mediante informe técnico sustentatorio que
procede para componentes auxiliares, y que se aprueba en tan solo 15 días.
3. El
Gobierno conociendo las demandas planteadas, lejos de adoptar medidas
preventivas, y tomar decisiones concertadas hizo caso omiso a las
preocupaciones de las poblaciones acerca de los posibles impactos ambientales
que podrían producirse debido a los cambios operados en la realización del
proyecto minero. Es más, con ayuda de la fuerza pública y la intervención
militar, se pone por encima de los derechos y decisiones de las poblaciones y
comunidades locales. Es así que mediante la Resolución Suprema N° 200-2015-IN,
publicada el 25 de setiembre del presente, dispone la intervención de las
fuerzas armadas en apoyo de la policía por espacio de 30 días, y el día de hoy
mediante Decreto Supremo N° 068-2015-PCM, declara Estado de Emergencia por 30
días en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros en el
Departamento de Apurímac, así como en las provincias de Chumbivilcas y Espinar
del Departamento de Cusco.
4. En
este contexto, exigimos a las autoridades que establezcan canales de diálogo
que puedan evitar que se agudice el conflicto y que permitan atender las
demandas planteadas por la población del área de influencia del proyecto
minero. Asimismo, exigimos, que las fuerzas armadas y policiales actúen en
estricto respeto del Estado de Derecho a fin de contribuir al restablecimiento
de la paz social y a la construcción de un clima de confianza.
RED MUQUI
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