- Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística.
- Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades
Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el
Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad
Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y
penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que
habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco)
y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la
sangre.
Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por
haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas),
tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año
2010, en Espinar (Cusco).
Tal como indica el informe
periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la
minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este
primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto
Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a
arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como
altamente cancerígenos. Aun así callaron.
Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas
hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así
que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio
(2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en
los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas
11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que
volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.
Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin
importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco,
CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una
demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se
busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud,
específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación
Tintaya).
Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister
en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en
el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas
irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición
de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.
Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL),
calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través
del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los
diagnósticos por metales pesados en la sangre.
El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de
garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz
recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de
investigar, prevenir, reparar y sancionar:
“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe
el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen
natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera.
Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar
la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables
por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.
Tres demandas
De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento
(presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria,
emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y
toxicológicos en la zona.
Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané
indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar
un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino
integrales.
De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso
una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos
penales, como el de no atender a personas en peligro.
Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil
contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a
saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta
a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil. “Aun no se establece la responsabilidad de la
empresa minera”, deslizó Ruiz.
Cuestión de presupuesto
Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que
en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del
Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el
gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el
gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y
medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las
personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo
que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.
“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que
generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en
peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución
es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual
son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la
salud de las personas”, remarcó Ruiz.
“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar:
nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de
periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el
Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF - Cusco)
y médicos especializados en salud ambiental.
La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán
de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas.
Red Muqui.
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