Durante la presentación del titular de Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente
y Ecología del Congreso, la Congresista Verónika Mendoza cuestionó, entre otras
cosas, las deficiencias en la implementación de la Consulta Previa y la
exoneración de estudios de impacto ambiental en las modificaciones o
ampliaciones de proyectos que ya cuentan con certificación ambiental aprobada.
Consulta Previa.
Frente a la afirmación del Ministro de que en toda la Sierra peruana
solo se presentaría un caso de consulta previa por un proyecto minero, Mendoza
mostró su extrañeza en vista de la gran cantidad de comunidades indígenas
quechuas y aymaras en dicha zona y la diversidad de proyectos de exploración y
explotación minera. Señaló que no se puede dejar que el acuerdo previo entre
las comunidades y las empresas sustituya a la consulta previa que debe
implementar el Estado como garante de derechos. “Una negociación entre una
comunidad indígena y una empresa minera implica una situación de inequidad y de
vulnerabilidad de la comunidad”, aseveró.
La congresista denunció que en el caso de los lotes 31B y 31D que
estaban en manos de la empresa Maple Gas y cuyo contrato de
concesión venció, se haya optado por una prórroga a la misma empresa en lugar
de la reversión a Petroperú y que dicha prórroga haya servido como
pretexto al MINEM para no implementar la consulta previa a pesar del pedido
expreso de la comunidad shipiba Canaan de Cashiyacu en Contamana, Loreto.
“La explotación de hidrocarburos en su territorio evidentemente afecta los
derechos colectivos de las comunidades indígenas, debió haber consulta previa
en este caso”, señaló. Subrayó también que en los casos de exploración o
explotación de hidrocarburos las comunidades tienen que conocer y entender los
alcances de los contratos con las empresas y no solamente el Decreto Supremo
que los refrenda.
La congresista señaló también que se debe consultar los Estudios
de impacto ambiental tal como lo establece la jurisprudencia vinculante de la
Corte IDH y recordó que el propio Convenio 169 de la OIT exige que los
EIA evalúen el impacto social, cultural y espiritual del proyecto, “eso
solo puede establecerse en diálogo con los pueblos indígenas”, señaló.
Estudios de
Impacto Ambiental.
Mendoza también mostró su preocupación por la autorización dada por el
MINEM a la empresa Gran Tierra Energy para realizar pozos de exploración
en el lote 95 que se superpone al área de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria. Dicho pozo se ha autorizado con un “informe
sustentatorio” por considerarse que tendrá un impacto “leve”. “Se le estaría
¨sacando la vuelta¨ a los estudios de impacto ambiental para trabajos de
sísmica. ¿Quién determinó que ese pozo tendría un impacto ¨leve¨?”, preguntó la
congresista.
Despacho de la
congresista Veronika Mendoza.
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