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jueves, 10 de abril de 2014

El Ministerio de Energía y Minas no puede eludir la Consulta Previa a través de prórrogas o exoneraciones en los proyectos

Durante la presentación del titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, la Congresista Verónika Mendoza cuestionó, entre otras cosas, las deficiencias en la implementación de la Consulta Previa y la exoneración de estudios de impacto ambiental en las modificaciones o ampliaciones de proyectos que ya cuentan con certificación ambiental aprobada.

Consulta Previa.
Frente a la afirmación del Ministro de que en toda la Sierra peruana solo se presentaría un caso de consulta previa por un proyecto minero, Mendoza mostró su extrañeza en vista de la gran cantidad de comunidades indígenas quechuas y aymaras en dicha zona y la diversidad de proyectos de exploración y explotación minera. Señaló que no se puede dejar que el acuerdo previo entre las comunidades y las empresas sustituya a la consulta previa que debe implementar el Estado como garante de derechos. “Una negociación entre una comunidad indígena y una empresa minera implica una situación de inequidad y de vulnerabilidad de la comunidad”, aseveró.
La congresista denunció que en el caso de los lotes 31B y 31D que estaban en manos de la empresa Maple Gas y cuyo contrato de concesión venció, se haya optado por una prórroga a la misma empresa en lugar de la reversión a Petroperú y que dicha prórroga haya servido como pretexto al MINEM para no implementar la consulta previa a pesar del pedido expreso de la comunidad shipiba Canaan de Cashiyacu en Contamana, Loreto. “La explotación de hidrocarburos en su territorio evidentemente afecta los derechos colectivos de las comunidades indígenas, debió haber consulta previa en este caso”, señaló. Subrayó también que en los casos de exploración o explotación de hidrocarburos las comunidades tienen que conocer y entender los alcances de los contratos con las empresas y no solamente el Decreto Supremo que los refrenda.
La congresista señaló también que se debe consultar los Estudios de impacto ambiental tal como lo establece la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH y recordó que el propio Convenio 169 de la OIT exige que los EIA evalúen el impacto social, cultural y espiritual del proyecto,  “eso solo puede establecerse en diálogo con los pueblos indígenas”, señaló.

Estudios de Impacto Ambiental.
Mendoza también mostró su preocupación por la autorización dada por el MINEM  a la empresa Gran Tierra Energy para realizar pozos de exploración en el lote 95  que se superpone al área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Dicho pozo se ha autorizado con un “informe sustentatorio” por considerarse que tendrá un impacto “leve”. “Se le estaría ¨sacando la vuelta¨ a los estudios de impacto ambiental para trabajos de sísmica. ¿Quién determinó que ese pozo tendría un impacto ¨leve¨?”, preguntó la congresista.


Despacho de la congresista Veronika Mendoza.

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