La
CNDDHH expresa su pesar ante la nueva ejecución extrajudicial de un
manifestante, el joven estudiante Ever
Pérez Huamán (25), victimado por la Policía Nacional del Perú – PNP durante las
protestas contra la empresa Pluspetrol en Pichanaki (Junín) ayer 10 de
febrero. Con él son 40 los manifestantes
ultimados por las fuerzas del orden en lo que va del gobierno de Ollanta Humala
Tasso.
De
acuerdo a la información recogida de los pobladores, la protesta se estaba
desarrollando con el bloqueo de la carretera central desde el día 9 y no se
había producido ningún incidente violento.
Ayer alrededor de las siete de la tarde la PNP comenzó a botar los
alimentos de las personas al río,
disparando gases lacrimógenos y usaron armas letales en plena ciudad, e
introduciéndose a varias viviendas
familiares donde sustrajeron enseres y causaron destrozos. Como resultado del
uso abusivo de la fuerza policial se han reportado cerca de 40 heridos, de los
cuales varios son niños y niñas. Se ha denunciado además que los efectivos
policiales impidieron el tránsito de la ambulancia que debía trasladar a los
heridos más graves, violando así la obligación de darles auxilio inmediato.
Ante estos hechos de violencia policial se generaron disturbios, y un grupo de
manifestantes incursionaron en una
dependencia militar usada como depósito
por la empresa Pluspetrol,
causando daños.
Consideramos
plenamente legítima la protesta que se viene desarrollando en Pichanaki,
después de haber tratado infructuosamente de entablar un proceso de diálogo con
las autoridades estatales durante meses, y ante el temor fundado de que se
repliquen en el lote 108 las nefastas prácticas ambientales y sociales
desplegadas por Pluspetrol en los lotes
1AB y 8, ante la total impasividad del Estado.
Durante
décadas el Estado ha permitido que la empresa Pluspetrol genere una tragedia
ambiental, pobreza y enfermedad para los pueblos indígenas que viven en las cuatro cuencas del Trigre, el Marañón, el
Corrientes y el Pastaza. ¿Acaso resulta ilógico temer que lo mismo pueda
ocurrir en el Lote 108, más aún en el actual contexto de reducción de
estándares e institucionalidad ambiental?
Demandamos
que los responsables de estas acciones sean sancionados, y que se garantice una
reparación inmediata a los afectados. Así mismo exigimos que se respete el
derecho a la protesta social, siendo inaceptable el uso de armas letales para
el control de disturbios, y el uso de la fuerza contra personas que protestan
de manera pacífica, o la represión indiscriminada en pleno centro poblado.
Secretaria
Ejecutiva
Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos
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