En la tarde del lunes 9 de diciembre, la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNDDHH) y el despacho de la Congresista de la República
Verónika Mendoza, presentaron el Informe Preliminar sobre la situación de los
derechos humanos 2012-2013 en el Auditorio del Museo de la Inquisición del
Congreso de la República. En la mesa estuvieron Rocío Silva Santisteban,
secretaria ejecutiva de la CNDDHH, y las congresistas de la República, Verónika
Mendoza y Rosa Mavila.
La presentación de Silva Santisteban tuvo como objeto realizar una
mirada panorámica a la amplia agenda de derechos humanos, empezando por los
graves pendientes del conflicto armado interno (1980-2000), pasando por las
luchas socio ambientales, la criminalización de la protesta, los derechos reproductivos
y LGTB, entre otros. Silva Santisteban recordó que “hasta la fecha no se ha
promulgado el PNDDHH 2012-2016″.
Verónika Mendoza enfatizó que no puede haber inversiones en perjuicio
del afianzamiento de derechos y que la Consulta Previa no es una traba, sino un
derecho de los pueblos indígenas con rango constitucional. Lamentó que el tema
de las causas de los conflictos socio ambientales haya pasado a segundo plano,
si bien está lejos de ser resuelto. Rosa Mavila hizo un llamado al movimiento
de derechos humanos ante la actual situación de neoconservadurismo: “Hay que
reivindicar a la CVR y su rol para la vida política en el país”, señaló.
Presentes estuvieron representantes de movimientos de afectados tanto
de la época del conflicto armado interno como de los actuales conflictos
sociales. Adelina García, presidenta de Anfasep, recordó la promesa de altos
funcionarios del Estado peruano de nombrar un Santuario de la Memoria los
terrenos de La Hoyada, colindantes al Cuartel Los Cabitos 51, donde se cometieron
miles de violaciones a los derechos humanos en los años 80.
Luis Aronés, representante de Conavip, recordó que son 180 mil víctimas
de la violencia de los años 80 y 90 y coincidió con Adelina García en la
necesidad de modificar el DS 051 del segundo gobierno de Alan García, que
establece condiciones indignas para el tema de las reparaciones.
Destacó de las distintas intervenciones la necesidad de un Plan
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dada la falta de una política pública específica, la
lentitud de los procesos exhumatorios, y la inadecuada identificación y entrega
de los restos a los familiares de las víctimas.
Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos
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