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sábado, 24 de mayo de 2014

Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer la implementación del Derecho a la Consulta Previa

·      Se debe consultar la aprobación de los estudios de impacto ambiental en los proyectos de inversión.
·      El Estado debe mejorar el contenido de los acuerdos con los pueblos indígenas.

Tras reconocer los esfuerzos de diversos sectores del Poder Ejecutivo y Gobiernos Regionales que vienen desarrollando 16 procesos de consulta previa, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, recomendó –entre otros aspectos- mejorar el contenido de los acuerdos de modo que los pueblos indígenas vean protegidos sus derechos.  

“Estos primeros procesos permiten constatar que es posible que los representantes del Estado y de los pueblos indígenas –en un contexto de buena fe y confianza– pueden llegar a un entendimiento beneficioso para todos”, dijo el representante de la Defensoría del Pueblo.

Es necesario, sin embargo, que en la etapa de dialogo se traten temas fundamentales para los pueblos indígenas como los relacionados a la mitigación de los impactos ambientales o la participación en los beneficios que los proyectos de inversión generen, concluyó Vega.

En esa línea, el Jefe del Programa de Pueblos Indígenas, Daniel Sánchez, señaló que “se requiere consultar –entre otras medidas– la aprobación del estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta que durante la etapa de ejecución de un proyecto los pueblos indígenas puedan conocer con exactitud las actividades que se pretenden realizar en su territorio, lo que implicaría que la consulta sea específica respecto de los impactos concretos en sus derechos a la tierra, a un ambiente adecuado, al acceso a los recursos naturales, su identidad cultural, la participación en los beneficios, entre otros”.

Sánchez recordó  que, “han transcurrido 19 años desde que el derecho a la consulta previa se encuentra vigente en nuestro país y, hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas ha venido incumpliendo con la aplicación de la consulta previa de los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas”.

Estas observaciones y recomendaciones se realizaron en el marco de una reunión de trabajo que organizó la Defensoría del Pueblo –la semana pasada- con los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios de Agricultura, Ambiente, Cultura, Energía y Minas y Salud, así como con miembros de los Gobiernos Regionales de Cusco, Huancavelica, Loreto, San Martín y Madre de Dios.

Defensoría del Pueblo.


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