Los
representantes de las organizaciones sociales, gremios sindicales, campesinos y
las instituciones de Cusco se dirigen al Gobierno peruano y a la opinión
pública en general para expresar lo
siguiente:
1.
Rechazamos
el intento del gobierno de privatizar SEDAQOSQO y las empresas prestadoras de
servicios municipales (EPS) de agua potable y alcantarillado y reafirmamos la
necesidad de modernizar y fortalecer la capacidad de gestión y la atención a
los ciudadanos de las empresas públicas de saneamiento y agua potable porque se
trata de servicios esenciales que garantizan derechos fundamentales. El
carácter monopólico y privado de la gestión del agua potable limitaría el
acceso de las poblaciones al agua debido al alza de las tarifas por la
priorización de la rentabilidad, en un contexto de posible escasez de agua
provocada por el cambio climático.
2.
Rechazamos
la intención del gobierno de privatizar las empresas públicas de energía
eléctrica hasta en un 49% de su capital social, sacándolas del ámbito del
FONAFE, entregando la producción de electricidad a manos privadas a partir de
centrales térmicas que queman el gas natural para vender energía a Chile, dejando
de lado la construcción de un poliducto que transporte los líquidos de gas
natural y el etano para la industrialización del Sur del Perú basada en la
petroquímica.
3.
Rechazamos
la privatización de PETROPERU hasta el 49% de su capital social así como la
prohibición de que participe en la extracción, comercialización y distribución
de petróleo, un negocio muy rentable del cual se ha excluido a Petroperú en
favor de empresas privadas. Esa rentabilidad debería trasladarse a través de
Petroperú a los usuarios, instalando más grifos y proveyendo combustible más
barato. Con el intento de privatización de nuestra empresa de Petróleo se
atenta contra el compromiso de garantizar la petroquímica, impidiendo la
industrialización y la generación de empleo en las regiones de la Macrosur
(Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna).
4.
Demandamos
la presentación inmediata de un cronograma de acciones que aseguren la
implementación de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato con la
participación mayoritaria de PETROPERU a fin de que las poblaciones de La
Convención, donde se extrae el gas natural, y de las regiones de la Macrosur,
se beneficien con el acceso al balón de gas a un precio menor o igual al de
Lima y la disponibilidad de gasolina y petróleo baratos que reduzcan el costo
del transporte.
5.
Demandamos
una política energética que promueva el desarrollo sostenible con proyectos que
sean compatibles con los derechos de los pueblos indígenas y la protección de
los ecosistemas y el ambiente, más aun en un contexto de cambio climático que
exige más proyectos de generación de energía en base a fuentes renovables como
la eólica, la geotérmica y la solar.
6.
Rechazamos
la política neoliberal del actual gobierno centrada en la promoción casi
exclusiva de las industrias mineras y de hidrocarburos y la ineficiencia del
manejo económico que no planifica nuestra política energética ni promueve la
industrialización generadora de empleo masivo, sin interesarle la descentralización
ni la protección del ambiente y la salud, que con una educación hecha negocio,
solo ha generado actividades informales, ilegales y corrupción desde los
lobistas en las esferas del propio gobierno, conduciendo a una mayor
desigualdad económica y social, delincuencia, violencia e inseguridad.
FDTC
COREPRO
Federación
Universitaria Cusco
Instituto
Regional del Gas
Congresista Verónika
Mendoza
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