Un grupo de colectivos y organizaciones sociales
denunció hoy que en Perú se "está haciendo una reforma agraria al
revés" con la aprobación de una ley que, según dijeron, atenta contra la
propiedad de las comunidades y el ordenamiento territorial.
El Colectivo Territorios Seguros para las
Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y
la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra denunciaron que la ley deja
en situación de vulnerabilidad a más de 8.000 comunidades campesinas e
indígenas y origina "un caldo de cultivo" para futuros conflictos
sociales.
Según indicaron, en julio de este año, el Congreso
aprobó la ley dentro de una serie de iniciativas del Ministerio de Economía y
Finanzas que buscan promover y dinamizar la inversión en el país.
En ese sentido, remarcaron que "si bien la
inversión es muy importante" para la economía peruana, la ley mencionada
"da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias
consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende
fortalecer".
Asimismo, denunciaron que esta legislación permite
al Estado, mediante "procedimientos especiales", entregar tierras a
proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran e
"ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios
legítimos".
"Están sujetos a estos procedimientos
especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea
que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco
se aplica excepciones de ningún tipo", indicaron.
Richard Smith, director ejecutivo del IBC,
organización que lidera el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades
del Perú, afirmó que esta iniciativa implica "una reforma agraria al
revés" y aseguró que el título III de la ley no fue parte del debate de
julio pasado y lo consideró "una bomba de tiempo".
Agregó que otro artículo de la ley otorga a la
Superintendencia de Bienes Nacionales poderes extraordinarios para extinguir
las "cesiones en uso" de las tierras y recursos estatales, lo que
podría ser una amenaza directa a las comunidades nativas.
"Hay que derogar el título III y hay que
excluir a las comunidades y pequeños propietarios y agricultores del alcance de
este punto de la ley, en cuya reglamentación no se ha considerado ni el
Ministerio de Agricultura y Riego", enfatizó.
Smith recordó que la Defensoría del Pueblo ya envió
una carta a la primera ministra, Ana Jara, en la que indicaba que esta ley no
es aplicable a los territorios comunales porque va en contra de la Constitución
del país.
El coordinador de la Plataforma de Ordenamiento
Territorial, Álvaro Campana, sostuvo que la ley "prácticamente echa abajo
todo lo que se ha avanzado en materia de ordenamiento y las acciones para evitar
la superposición de usos, la falta de planeamiento, la depredación de recursos,
los conflictos sociales y la afectación de los derechos de la población".
Por su parte, la representante de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, recordó que en el
informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la guerra
interna desatada en el país entre 1980 y el 2000, existe una recomendación
sobre ordenamiento territorial.
"Para que el país sea más justo debe haber un planteamiento
de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay reservas
ecológicas, minería o hidrocarburos", remarcó.
EFE
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