A finales del primer
gobierno del Alan García Pérez, la violencia
política había crecido de manera desbordante, todos los
medios de comunicación reportaban muertes y atentados; el gobierno para contrarrestar
el terrorismo declaraba en emergencia determinadas zonas del país. En ese contexto
en Antabamba departamento de Apurímac se instala una base contrasubversiva del Ejército Peruano. Allí,
un 20 de abril de 1990, una patrulla conformada por un aproximado de 20
miembros al mando del Teniente EP Alan Walter Olivari Medina apodado “Teniente
Negro”, en un operativo llegaron a la comunidad campesina de Huacullo, donde detuvieron
injustificadamente a varios comuneros, sometiéndolos a torturas físicas; luego de ello enrumbaron a las comunidades
de Fuchungo, Quiñota, Tirani, Ranrapata
y Collpa Cashahui, donde detuvieron a más campesinos acusándolos de terroristas,
los comuneros fueron interrogados con torturas físicas y psicológicas, lo peor
de este episodio es que, la mayoría de las mujeres fueron ultrajadas
sexualmente.
La Patrulla Militar,
lejos de llevar a los detenidos ante la autoridad competente, el día 26 de
abril de 1990, obligó a los varones a
formarse en fila, para conducirlos con dirección al cerro Capollullo, para
ejecutarlos extrajudicialmente; primero les lanzaron una granada, luego les dispararon
una ráfaga de metralleta que terminó con la vida de 11
campesinos; los cuerpos fueron arrojados a las fosas naturales que habían en el
lugar, fueron tapados con piedras y pajas.
Este crimen fue visto
por María Pacco Llajtahuamani, quien vio perder la vida de sus 2 hijos, Juan Huisa Pacco de 19 años, Zenón Huisa Pacco de 17 años y su yerno Telesforo. María Pacco Llajtahuaman nos
cuenta que: “ en abril de 1990,
unos abigeos habían robado unos burros, los de la comunidad fueron a buscar al
ladrón; en esa búsqueda, en el trayecto se encontraron con un grupo de
soldados, junto a los comuneros habían ido sus dos hijos y su yerno. La mañana
siguiente al ver que no regresaron, María fue a buscarlos acompañados de unas
de sus hijas, llevando los documentos de sus hijos (…), los encontraron por la
escuela cerca de la casa de Toribio Jucharo, estaban semidesnudos y amarrados,
intentaron conversar con los militares, para
pedir la liberación de sus hijos, indicándoles que
habían traído agua y los documentos; pero lejos de escucharlos, solo las golpearon y ordenaron
que se alejaran de la escuela. Cuando sacaron a sus hijos de la escuela, María siguió
de cerca a los militares, de pronto oyó una explosión y balas, corrió al cerro
Capollullo en donde encontró a sus hijos y yerno semimuertos, intento salvarlos
pero no pudo hacer más…”
Este caso conocido
como Cashahui, fue investigado por una Comisión del Congreso de la República, a
cargo de los Senadores Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco y otros,
quienes presentaron su informe final ante el Pleno del Congreso. Luego de ello la CIDH consideró que los
hechos sucedidos en Chumbivilcas, se dieron por el empleo arbitrario e ilegítimo
de las fuerzas.
Este caso en la actualidad
es seguido por Derechos Humanos Sin Fronteras y APRODEH, se encuentra ante la
Sala Penal Nacional – Lima, la continuación del juicio se está llevando a cabo
en la Ciudad de Espinar entre el 04 y el 06 de noviembre del 2014, Pasaran sus
testimonios los agraviados de Huacullo (Antabamba) y de Chumbivilcas, quienes
testimoniaran en contra de los 08 militares acusados encabezados por Manuel
Pando Navarrete “Capitán Pantera”, Alan
Walter Olivari Medina “Teniente
negro”, por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada, lesiones
graves con subsiguiente muerte y violación sexual.
Derechos Humanos Sin
Fronteras
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