Como parte del proceso de revisión y actualización de
sus políticas de salvaguardia social y ambiental.
Representantes del Banco Mundial realizaron una Consulta
Pública el pasado 2 febrero en las instalaciones del Hotel Marriott de la
ciudad del Cusco, en este evento se presentaron parte de sus propuestas del nuevo marco de
políticas de salvaguarda para los préstamos que realizan, entre ellos la Evaluación
Ambiental, Hábitats Naturales, Pueblos Indígenas, Recursos Culturales Físicos,
Reasentamiento Involuntario, Bosques y el uso de los Sistemas Nacionales, entre
otros.
A la Consulta Pública fueron invitadas sólo algunas
organizaciones sociales de base, no hubo difusión previa de la actividad y la
información no estuvo al alcance de todos, perjudicando con ello a las
organizaciones que representan a las comunidades campesinas y/o pueblos
indígenas de la región del Cusco, quienes serían los principales afectados por
los impactos negativos que provocarían la ejecución de proyectos de desarrollo
con préstamos del Banco Mundial.
Debemos resaltar que en esta consulta se debió
abordar también los siete “asuntos emergentes” que incluyen los derechos
humanos; consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas,
tenencia de tierra y recursos naturales, cambio climático, salud y seguridad
laboral y ocupacional, género y discapacidad. Esto porque existen puntos
críticos a considerarse dentro de sus políticas de salvaguardas principalmente
sobre los Pueblos Indígenas, incluyendo coherencia con la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, protección de los
derechos a la tierra y los recursos, evaluación obligatoria de impacto de derechos
humanos, prohibición de reasentamiento involuntario, respeto a la libre
determinación y auto-gobierno de los pueblos indígenas, y protección de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre otros.
Estas Salvaguardas representan
las condiciones que impone el Banco Mundial para facilitar apoyos económicos a
políticas y proyectos en diferentes partes del mundo. Estas condiciones son de
carácter obligatorio, y durante años representaron una oportunidad para
garantizar el respeto por un conjunto de derechos indígenas, campesinos,
laborales, de jóvenes, mujeres y de la ciudadanía en general. Todo ello en el
marco de la promoción del desarrollo y la erradicación de la pobreza.
Sin embargo, en esta última
etapa, el borrador que el Banco Mundial está sometiendo a consulta no define
claramente cómo se garantizaran los estándares ambientales y sociales, que
afectan directamente derechos de Pueblos Indígenas, de Comunidades Campesinas,
derechos laborales, entre otros. Esto no representa un hecho aislado, sino que
refuerza la tendencia que en nuestro país se manifiesta a través de iniciativas
recientes del gobierno peruano, como la Ley N° 30230 (paquetazo ambiental), o
el reciente Decreto Supremo 001-2015-EM que desconoce la propiedad y decisión comunal
otorgando sólo a la junta directiva de una comunidad la potestad de otorgar
permisos sociales para desarrollo de proyectos mineros. En esta línea incluye
la derogada iniciativa del Régimen Laboral Juvenil, y la desidia por impulsar
un debate y la promulgación de una Ley General del Trabajo que reconozca y
garantice derechos plenos a todos y todas las trabajadores y trabajadoras del
país.
Finalmente informamos que en paralelo a la
consulta pública grupos y colectivos juveniles realizaron un plantón frente al
Hotel Marriott, mostrando su disconformidad por la forma como se venía desarrollando
este evento, con poca participación de las organizaciones sociales de base, sin
información previa y de manera tan aislada.
Cusco, febrero del 2015
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