Organizaciones
indígenas y originarias en peligro
“Es
absolutamente inaceptable que suceda esto, sobre todo en un Congreso que aprobó
por unanimidad la Ley de Consulta Previa y que el día de hoy no quiso siquiera
escuchar a los representantes de las organizaciones indígenas.
Denunciamos el
contenido de este proyecto de ley porque vulnera el derecho al territorio de
los pueblos indígenas y promueve el otorgamiento de manera arbitraria e
indiscriminada, desde Lima, de derechos de servidumbre y derechos de vía en el
territorio nacional, afectando a comunidades campesinas y nativas que ya no
podrían exigir la compensación correspondiente, que se verán fragmentadas y verán bloqueados el derecho de titulación”, congresista
Verónika Mendoza durante conferencia de prensa efectuada hoy con la presencia
de los parlamentarios Claudia Coari, Eduardo Nayap, representantes de Aidesep y
el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas.
Esta mañana, durante la sesión de la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la
República se aprobó de manera arbitraria
el Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de los pueblos indígenas y
derechos ambientales.
La aprobación del
dictamen se realizó con un quorum de solo seis congresistas de 12 miembros,
tres de los cuáles eran accesitarios.
A pesar de haber
acordado en una sesión anterior, otorgar la palabra a los representantes de las
Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas, AIDESEP y Pacto de Unidad, la
comisión les negó el derecho de participación, por mayoría.
Frente a lo ocurrido,
indignada, la congresista Verónica Mendoza se retiró, procediéndose a la
votación, que por unanimidad aprobó el proyecto de ley 3941.
Dicho dictamen no ha
tomado en consideración las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los
aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar
en una carta remitida a la comisión el 30 de marzo pasado.
En la citada carta
las organizaciones plantean, entre otras preocupaciones, que la norma bloquea
definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas,
vulnerando sus derechos territoriales a través del otorgamiento de
servidumbres, derechos de vía y localización de área.
La norma también
debilita la institucionalidad ambiental a través del otorgamiento de títulos
habilitantes de manera irresponsable, las que se entregan a discreción de las
autoridades sectoriales, desnaturalizando el rol del SENACE y sus avances.
Para todo el proceso
de aprobación del proyecto de ley 3941, en tanto afecta derechos de los pueblos
indígenas u originarios, no se ha aplicado el derecho a la consulta previa, de
acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
“Si con esto
el Gobierno pretende atraer inversiones sostenibles y responsables, está
completamente equivocado, porque lo único que está generando es conflicto, lo
único que está generando es inseguridad jurídica no solamente para los pueblos
indígenas sino también para los propios inversionistas”, concluyó la
parlamentaria cusqueña.
Despacho
Congresista Veronika Mendoza
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