El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna,
remitió una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala, exhortándole a
atender oportunamente la agenda pendiente con los pueblos indígenas y así
consolidar la implementación del derecho a la consulta previa, el cual
representa un importante mecanismo de diálogo para atender, recoger y canalizar
las expectativas e iniciativas de dichos pueblos.
Si bien se han logrado importantes acuerdos en 10
procesos de consulta previa desde la aprobación de la Ley N° 29785, hace 3 años
-€”dijo el funcionario-€” se advierte una demora en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Estado. "€œEn ninguno de los casos se ha
emitido, hasta el momento, la correspondiente medida administrativa que permita
cumplir con los compromisos asumidos", lamentó.
Asimismo, Vega manifestó su preocupación por el
desconcierto y malestar de las comunidades a raíz del anuncio del proceso de
licitación del lote 192, en Loreto, para el próximo 15 de julio. "€œEs
necesario que el Estado garantice un adecuado proceso de consulta previa y
asegure que los acuerdos que se alcancen con los pueblos indígenas sean
incorporados y cumplidos en el desarrollo de la operación petrolera",
puntualizó.
Otro tema pendiente es que, transcurridos 20 años
de vigencia del Convenio 169, aún no se ha realizado ningún proceso de consulta
previa en el sector minero. "€œEsto sumado al hecho de que aún no se
completa la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio
de Cultura, provoca que los pueblos indígenas andinos de habla quechua vean
dificultado el ejercicio de su derecho a la consulta previa", señaló.
Finalmente, Vega afirmó que está en manos de las
instancias del Poder Ejecutivo, aportar todos los recursos necesarios para
cumplir con esta agenda pendiente en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas
indÃgenas. "€œConfiamos en que se tomen las decisiones que permitan que
las obligaciones asumidas con los pueblos indígenas sean atendidas lo más
pronto posible", concluyó.
Lima, 21 de mayo de 2015.
Defensoría del Pueblo
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