Consulta Previa: ¿Letra muerta?

A seis años del “Baguazo”, el funesto enfrentamiento entre policías e indígenas en Bagua que pedían la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064, y que causó 33 muertos y un desaparecido: el mayor PNP Felipe Bazán, es evidente que aún no hemos aprendido las lecciones. Todavía los conflictos se siguen "resolviendo" reprimiendo y criminalizando en lugar de ser canalizados oportunamente por la vía del diálogo.

Recordemos que durante el gobierno de Alan García, las leyes cambiaron en favor de las empresas, pasando por encima de los convenios y leyes que protegían a las comunidades nativas.

Sin embargo, tras los sucesos mencionados, el Estado hizo muchas promesas. La ley de consulta previa fue una de ellas, y fue aprobada dos años después. ¿Cuánto se avanzó luego de promulgarse esta norma?

Gobierno incumple Ley de Consulta Previa. La congresista por el Frente Amplio, Verónika Mendoza, exhortó al gobierno que recupere la confianza perdida y consolide la implementación del derecho a la Consulta Previa, herramienta que representa un mecanismo de diálogo para recoger y canalizar las iniciativas de los pueblos indígenas.

“Para recuperar esa confianza perdida el Estado haría bien en empezar por dar el ejemplo respetando sus propias normas…”, dijo.

Mendoza precisó que aun cuando se ha logrado importantes acuerdos en diez procesos de consulta previa desde que se aprobó la Ley 29785, existe una demora en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por el Estado.

“El primer histórico proceso de consulta previa fue aquel que se realizó en Loreto para la constitución del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna Kichwa, que buscaba garantizar la protección de los territorios de estos pueblos amenazados por taladores ilegales. El proceso de consulta concluyó el 22 de octubre de 2013, hace más de año y medio, pero hasta el día de hoy no se publica el decreto supremo (DS) que aprueba la creación del área de conservación. Se han cumplido todos los trámites administrativos, solo falta la firma del presidente de la República. Los representantes de los pueblos Maijuna y Kichwa se han trasladado en varias oportunidades hasta Palacio de Gobierno para pedir que se promulgue el DS, pero al parecer Ollanta Humala ha decidido boicotear las reformas que alguna vez él mismo impulsó”, argumentó.

La parlamentaria cusqueña alertó que algo similar está ocurriendo con la política sectorial de salud intercultural que ha sido objeto de un proceso de consulta previa que concluyó en setiembre de 2014. “Hoy, más de ocho meses después, aún no se promulga el Decreto Supremo necesario para su implementación”, resaltó.

Finalmente, Mendoza cuestionó: “¿cómo es posible que en un supuesto Estado de derecho el propio Estado se niegue a implementar compromisos asumidos como fruto de procesos de diálogo?”.

Despacho Congresista Veronika Mendoza.