La polarización social y política de la discusión
en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga
en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al
modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se
decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además
impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo
local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema
nacional descentralizado de planificación territorial.
El ordenamiento territorial (OT) es una política,
un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo
sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de
manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del
territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las
actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres,
conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio
natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y
establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.
Sin embargo, esta polarización está siendo
interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores
empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades
como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la
gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos
y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas
de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de
derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y
acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda
actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la
planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y
consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en
el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.
Debemos agregar que el actual gobierno ha dado
marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber
anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca
concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos
sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la
supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional
la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre
actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la
Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de
un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.
En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno
aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta
ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo,
aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a
través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación
Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe
preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como
instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto
político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el
territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas
de las instituciones.
Queda además sin claridad alguna la manera en que
esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del
Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las
implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en
materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.
Estamos ad portas de una visita de una misión de la
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el
lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene
como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el
desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera
adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando
resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate
alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala
incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política
de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y
descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en
el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.
Plataforma para el Ordenamiento Territorial en el
Perú
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