En el 2012, el Estado inició el proceso para
identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos
en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las
comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos
mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora.
OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde
hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta
nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En
este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25
compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a
consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.
La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó
a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los
habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región
Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera
canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido
como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de
datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que,
por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la
consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.
Entonces,
¿quién era indígena en el Perú?
En el 2012, el Estado aprobó una norma para
identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la
finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser
implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la
base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde
diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del
gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades
del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los
ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte
de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias
ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.
OjoPúblico accedió a la base de datos que la
gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad
y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga
nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y
están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco,
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de
megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.
SE APROBARON
PROYECTOS SIN CONSULTA
Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista
ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de
Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios
indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye
1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436
en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y
otras tantas en Ancash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las
autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos
de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier
proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos
colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
La investigación de Ojo Público en base a la
filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de
Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las
operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de
consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos
estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además,
permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a
consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades
indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos
mineros sin los procesos de diálogo previos.
El exviceministro de Interculturalidad, Paulo
Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012.
“Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge
Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y
técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron
información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una
serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”,
reveló Vilca.
El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de
consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y
rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre
todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El
gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor
monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990
millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y
carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28
proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM
autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.
LA HISTORIA
DE HUAQUIRCA
En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se
trata de tener a medio Perú con comunidades... la base de datos está en
revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido
entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la
Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las
declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos
permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno
continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de
Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no
varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que
permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las
inversiones. Este era el motivo real
Una de las comunidades a la que el gobierno le negó
la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es
Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto
minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani.
Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico,
pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera
corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades
de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser
definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3
de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación:
“Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo
originario y/o indígena”.
Minera Aruntani es uno de los mayores productores
de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera
cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi
(Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).
El cruce de información de la base de datos con la
cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión
de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar
por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de
exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata
de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que
destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de
Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru,
Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi,
Aruntani y Exploraciones Collasuyo.
CONSULTORAS
SIN SUSTENTO LEGAL
Uno de los hallazgos más importantes del cruce de
la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de
aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las
consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar
proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y
en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo
Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las
comunidades indígenas. Estas 'consultorías' se realizaron sin la intervención
ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de
Cultura.
El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la
comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo
un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20
minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad
indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas
personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la
entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre
los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.
Las 'consultorías' contratadas por el MEM se
realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso
de consulta: el Ministerio de Cultura.
Las contrataciones de consultores se realizaron
durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y
Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las
recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los
reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de
proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.
La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz,
reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas
consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora
para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una
comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de
trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer
consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.
SANCIONES Y
RESPONSABILIDADES
El viceministerio de Interculturalidad nunca
recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas
consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona
que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas
consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis
emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las
sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y
procedimientos.
La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente
hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe
de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las
comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo
quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el
hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa
en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a
destiempo”, concluye la ministra.
El gobierno señaló que esta base de datos no es
oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne
su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que
publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos
meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de
comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades
aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567.
¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos
hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel
distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros
Lanegra y Vilca.
Vilca responde desde España: “No encuentro motivo
para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades
indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas
en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente
el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base
de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada
recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen
proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta
previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.
Se deberá
hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que
corresponda, dijo la ministra Ortiz.
El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá
publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la
lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por
los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una
base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería
oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el
retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya
no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en
manos del gobierno.
Por Nelly
Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación
Fuente: Ojo
Público
Fotos: Miguel
Mejía. Sus trabajos han sido reconocidos por varios premios nacionales
internacionales. Actualmente trabaja como editor gráfico principal del diario
La República, en Perú.
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