La congresista cusqueña Verónika Mendoza expresó su
preocupación por la inasistencia de la ministra de Energía y Minas, Rosa María
Ortiz, quien esta mañana se excusó de participar en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso
apenas 10 minutos antes de su inicio a
pesar de que el día anterior había asegurado que asistiría. La esperaban los
congresistas miembros de la mencionada
comisión y los apus representantes de las cuencas del Pastaza y del Corrientes
en cuyos territorios se concentran 11 de las 13 baterías productoras de
petróleo del lote 192.
“Me parece una falta de respeto que, sin precisar
sus razones, la ministra excuse su inasistencia
y me parece aún más indignante que esto
ocurra precisamente en momentos críticos en los cuales su presencia es
indispensable para volver a canalizar el diálogo que de manera unilateral,
irresponsable e inconstitucional el
Ministerio de Energía y Minas ha cancelado, a pesar de que de manera oficial y
por escrito los apus reiteraron su voluntad de continuar dialogando”, señaló la
congresista integrante del Frente Amplio, mientras mostraba la carta remitida
el 21 de agosto del presente, que certifica
que los pueblos indígenas reconocían los avances en el diálogo con el
MINEM, pero que había 27 puntos
pendientes por atender y que pedían que se continuara con el proceso.
“La respuesta del MINEM fue dar por concluida la
consulta previa de manera inconstitucional porque la única razón - según el reglamento – para que un proceso de
consulta se pueda suspender es cuando se
demuestra que no hay buena fe de parte de los pueblos indígenas y, en este caso, creo que hubo sobrada buena fe
de parte de las comunidades que atravesaron años de diálogo paciente y
persistente, de comisiones multisectoriales, de actas firmadas y de compromisos
no asumidos”, agregó la parlamentaria.
Mendoza alertó que en esta nueva etapa de
explotación de petróleo no se están ofreciendo las garantías con los
instrumentos de gestión ambiental necesarios y actualizados para que no se
repita la contaminación ambiental de los 45 años precedentes. “Tampoco queda
claro si se va a titular integralmente los territorios de los pueblos indígenas
como debe de ser o si se va a seguir pretendiendo excluir las instalaciones
petroleras. De otro lado, el MINEM pretende que
el monitoreo ambiental que realizan estas comunidades sea pagado por
ellos mismos a partir de un fideicomiso que les corresponde por derecho, cuando esta responsabilidad debería asumirla
el Estado y la empresa. Esto es inadmisible”, increpó.
Al respecto, los dirigentes indígenas, presentes
también en dicha comisión del Congreso consideraron como arbitraria la
disposición del gobierno.
“Hay puntos
en el proceso de consulta previa que no han quedado claros, como la titulación
de tierras y compensación por su uso, indemnización por los impactos
ambientales y remediación por la explotación petrolera. Nosotros anhelamos una
vida sana, es nuestro derecho y nadie
nos lo puede quitar. No hemos venido a inventar. Durante cuatro años seguimos
apostando por el diálogo por más que vulneran nuestros derechos. El país se ha
beneficiado por más de 40 años de explotación petrolera y el dinero se ha invertido
en grandes proyectos pero cómo quedamos los pueblos indígenas, ¿acaso solo
ustedes tienen derecho a educar a sus hijos y a tener buena salud?, cuestionó el Apu Carlos Sandi, presidente de
la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO)
Finalmente, la congresista solicitó que el
Ministerio de Cultura también acuda a la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología para que explique cuál ha sido su rol en este
importante proceso. “Cómo es posible que este ministerio haya permitido que
este proceso de diálogo se haya realizado de forma irregular en un gobierno que
promulgó la consulta previa de manera tan simbólica en Bagua”, cuestionó.
Despacho Congresista Veronika Mendoza
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