(Dublin, 19 Junio 2014) Front Line Defenders visitó
el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y
Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las
empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. El informe
presentado está basado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas con
personas defensoras de los derechos humanos independientes y organizaciones de
la sociedad civil. Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible
en frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders.
Front Line Defenders manifiesta su honda
preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los
derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a
temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú.
Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de
intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización,
campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos
documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y
pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a
las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el
medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.
“Front Line Defenders ha observado con honda
preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su
búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las
comunidades indígenas y locales y de aquellos que los defienden. El gobierno
del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y
de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que
se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de
Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.
Perú es uno de los mayores productores de plata y
cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras
del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el
territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la
provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las
empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y
campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida
socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al
agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han
secado.
La intensa oposición local a la minería se ha
encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza
por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular
preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la
policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras
estén de servicio.
En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y
DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías
mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son
una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde.
El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado
50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos
falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el
trabajo principal de la organización.
Muchas de las personas defensoras del medio
ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron el miedo que sienten
al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus
casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra
demanda.
“Es muy complejo y peligroso presentarte como
defensor en este contexto” anota la defensora de derechos humanos, la Sra Ruth
Luque de Derechos Humanos Sin Fronteras, al tiempo que el defensor de derechos
humanos el Sr Vidal Merma, afirma que hay una campaña de desprestigio
direccionando “los ataques hacia algunos comunicadores o periodistas que
estaban mostrando la realidad, la muerte de animales, los problemas de las
comunidades y la destrucción del medio ambiente...”
El presente informe consigna diez recomendaciones
al Gobierno del Perú, las cuales, si fueran implementadas, contribuirían de
manera significativa a la mejora de la situación de las personas defensoras de
derechos humanos y al Perú a respetar sus obligaciones bajo la Declaración de
NNUU sobre Defensores de Derechos Humanos.
Front Line Defenders
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