Al haberse revelado que el Ministro del Interior
Daniel Urresti Elera está imputado como responsable de la ejecución
extrajudicial del periodista Hugo Bustíos en 1988, la CNDDHH señala lo
siguiente:
La solidez de la imputación contra Urresti es
incuestionable dado que el proceso ha superado la etapa de instrucción, y
descansa sobre las acusaciones efectuadas por los entonces superiores
jerárquicos de Urresti, ya condenados por los mismos hechos, así como sobre las
imputaciones de sus subordinados. La acusación es además especialmente grave
por referirse a la ejecución extrajudicial de un periodista que se encontraba
ejerciendo sus funciones.
De acuerdo con la Constitución, el Ministro del
Interior tiene la obligación de garantizar y promover los derechos humanos. Al
mismo tiempo ostenta importantes facultades para dirigir el ejercicio de la
fuerza pública, y control sobre información vital tanto para prevenir
violaciones de derechos humanos como para luchar contra la impunidad de los
perpetradores. Estos poderes también podrían usarse para todo lo contrario,
incluyendo la obstrucción del proceso que se sigue contra el propio General
Urresti.
Estos temores se acrecientan considerando las
graves violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en Madre de Dios
mientras el General Urresti ha estado desempeñando el cargo de Alto Comisionado
en Asuntos de Formalización de la Minería, como la ejecución extrajudicial del
manifestante Américo Laura Pizarro, el uso abusivo de la fuerza contra la
población civil, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y agresiones a
periodistas, allanamiento de viviendas, todo ello en el marco de una intervención
conjunta de la policía y las fuerzas armadas.
Mantener a un Ministro con estos antecedentes
podría proyectar en la ciudadanía y en la comunidad internacional la imagen de
un débil compromiso del gobierno en materia de derechos humanos y de
precariedad de la democracia en nuestro país.
Por todo ello consideramos que el General Urresti
Elera debería renunciar de inmediato a su cargo como Ministro del Interior, a
fin de garantizar la protección de los derechos humanos y preservar la
institucionalidad democrática en nuestro país.
Secretaría
Ejecutiva
Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos
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