En muchos países de América Latina, África y Asia,
las grandes empresas mineras cometen abusos sobre la población local, que el
Vaticano puso el viernes ante los ojos del mundo en la inauguración de un
congreso en el que participan unas treinta comunidades afectadas.
El cardenal Peter Turkson, presidente del
Pontificio Consejo Justicia y Paz, que organiza el congreso, afirmó que «ahora
son muchos los que escuchan el grito desgarrador de las zonas en que se extraen
minerales gracias a numerosos informes internacionales como el de Kofi Annan
sobre África, las directivas de la OCDE y su informe especial sobre los derechos
de los pueblos indígenas, o la legislación que debate el Parlamento Europeo
sobre trazabilidad de minerales».
El cardenal ghanés afirmó que el congreso se sitúa
tanto en la línea de la encíclica ecológica «Laudato si» («Alabado seas») como
en «documentos de numerosas conferencias episcopales sobre violaciones de
derechos humanos, ilegalidad y violencia».
Turkson denunció que «en los últimos días, algunas
personas que participan en el congreso han sufrido presiones e intimidaciones.
En el Pontificio Consejo hemos recibido muchos testimonios de amenazas,
violencias y asesinatos».
Naturalmente, el Vaticano está a favor de la
minería, siempre que respete los derechos de las comunidades locales, y el
Pontificio Consejo Justicia y Paz ha convocado un segundo congreso, «Creando un
nuevo futuro, reimaginar la minería» del 17 al 19 de septiembre, en el que
participarán empresas mineras multinacionales.
En la línea de mejorar el respeto a los derechos en
el modo de practicar la minería, el cardenal Turkson propuso sustituir el
término general de «industrias extractivas» por el de «industrias de desarrollo
de recursos naturales».
La conferencia de prensa del viernes en el Vaticano
incluyó testimonios de víctimas –como un trabajador minero informal de la
Republica Democrática del Congo, que sufrió quemaduras por defender un
yacimiento–, así como de expertos en registrar y denunciar abusos.
El chileno Juan Guillermo Peñaloza Sierra denunció
que «las empresas y sus aliados realizan actos de amenaza, amedrentamiento,
agresión y criminalización contra los líderes que representan las comunidades y
poblaciones», incluyendo numerosos asesinatos en media docena de países de
América Latina.
Prassant Kumar Paikray informó de abusos en el
estado indio de Odisha, donde la influencia de una compañía extractora de
mineral de hierro ha logrado «que la policía y el gobierno sumen 370 casos
penales falsos, la libertad bajo fianza de 2.500 personas, el encarcelamiento
de 700 y la muerte de cuatro personas».
La brasileña Patricia Generoso Thomas denunció el
tremendo daño que provoca a 17 comunidades de Conceiçao do Mato Dentro la
empresa que explotan un enorme yacimiento a cielo abierto y envía el mineral a
un puerto cercano a Río de Janeiro a través de «un acueducto de 529 kilómetros
de longitud que consume cada hora 2.500 metros cúbicos de agua, cantidad
suficiente para abastecer una ciudad de 220.000 habitantes».
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