7 Hipótesis
a propósito de los asesinatos de los alcaldes de Paruro y Mara
En el caso de que haya conexiones o inclusive por
los contextos socio-políticos que comparten los asesinatos de los alcaldes Mara
y Paruro, se necesitaría de respuestas políticas y análisis mayores. Una
pregunta central en ello es: ¿estamos ante nuevos fenómenos de violencia
“política” en el país? Y en el caso que si: ¿Qué implica para la democracia y
la política en el país?
El 13 de julio, el alcalde de Paruro (Cusco) Ronald
Núñez y su chofer fueron baleados y degollados con mucha crueldad en
Paracaylla. Apenas a unas decenas de kilómetros de distancia fue asesinado unos
meses antes (el 18 de marzo) Alberto Roque, el alcalde distrital de Mara
(Cotabambas, Apurimac). Sorprende la poca atención en el debate público y
político por el asesinato de dos alcaldes en menos de seis meses en la misma
zona del país. Pues, ambos casos en sí mismo son gravísimos y evidencian al
menos las dificultades del Estado de proteger sus propias autoridades. Pero en
el caso de que haya conexiones o inclusive por los contextos socio-políticos
que comparten ambos asesinatos, requieren de respuestas políticas y análisis
mayores. Una pregunta central en ello es: ¿estamos ante nuevos fenómenos de
violencia “política” en el país? Y en el caso que si: ¿Qué implica para la
democracia y la política en el país?
Particularidades y escenarios mayores
Sin duda, los dos casos tienen características
particulares. Roque fue dirigente campesino, convencido de participar de las
elecciones por las comunidades del distrito. Ganó por unos cuantos votos,
convirtiéndose en el primer alcalde campesino del distrito, en contra de la
voluntad de las familias que históricamente tuvieron el poder en la localidad.
Nuñez mas bien fue abogado, había sido alcalde en el distrito de Accha, y
estaba muy involucrado en las disputas por el poder local. Ahora le tocaba
dirigir la provincia de Paruro. De ambos se comentó que querían denunciar actos
de corrupción en la gestión anterior, aunque en el caso de Núñez el también
enfrentaba una investigación judicial por irregularidades en su gestión distrital.
Las investigaciones policiales en ambos casos
parecen indicar que los autores materiales son personas de la zona, pero dejan
poca claridad sobre los motivos de fondo o los eventuales autores
intelectuales. Tanto en Mara, como en Paruro, corrieron y siguen corriendo
distintas versiones sobre los motivos detrás del asesinato, y otros alcaldes
comentan que también son extorsionados o amenazados. En general, en la región
de Apurímac y particularmente en Cotabambas, hay un aumento de la violencia y
de conflictos que ya dejaron varios muertos en 2014.
Los dos casos se inscriben también en procesos
mayores. Paruro y Cotabambas se encuentran en la zona de mayor expansión minera
en el país, aunque ambas son provincias sin una historia de esta actividad.
Cincuenta por ciento de la cartera minera está ubicado en Apurímac (30%)
–incluyendo el proyecto Las Bambas-, Arequipa y Cusco. Apurímac se ha vuelto la
región más conflictiva en el país, mientras que Cusco esta cuarta en la lista
elaborada por la Defensoría del Pueblo. La gran mayoría de conflictos están
relacionados con la expansión minera, y provincias como Cotabambas, Aymaraes
(Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco) resultan particularmente
conflictivos. Paruro más bien había sido una provincia relativamente tranquila
desde la época de la violencia política. Es posible que el asesinato de Núñez
está anunciando que esta situación está cambiándose, y hay preocupaciones –y
expectativas- por los proyectos mineros futuros que pretenden realizarse en la
provincia.
Algunos hipótesis
Para entender este escenario de circunstancias
particulares y compartidas en Cotabambas y Paruro, y en general en las
distintas provincias altas de Cusco y Apurímac e inclusive en varios partes del
país, propongo una serie de hipótesis para la discusión, y eventualmente para
diseñar respuestas políticas desde el Estado y desde la propia sociedad:
1. La
expansión minera genera transformaciones territoriales profundas dirigidas por
actores extra-territoriales (particularmente las empresas mineras), en todos
los aspectos de la vida, afectando a los modos de vida locales, alterando
mecanismos anteriores para procesar conflictos y de toma de decisiones
colectivas sobre el futuro de la sociedad local sin reemplazarlos con otros
mecanismos, debido a la ausencia, debilidad y parcialidad del Estado en estos
procesos.
2. La
presencia de la minería, de actividades económicas relacionadas a ella, la
mayor disponibilidad de recursos estatales, como también la presencia de
economías grises o ilícitas (desde la minería o la tala ilegal y las redes de
corrupción en obras públicas, pasando por la trata de personas hasta el
narcotráfico) han generado una mayor disponibilidad y una reconfiguración del
capital en sociedades locales, transformando sus articulaciones con el
capitalismo globalizado. La disputa por el control de estos recursos, y por lo
tanto de los territorios de que son parte, se ha vuelto la lógica “política” de
facto en el país, y particularmente en el Sur Andino.
3. Si bien
hay conflictos (como en Islay, Celendin e inclusive en Espinar) o posiciones
(como lo de Roque en Mara quien reclamaba transparencia e institucionalidad),
que expresan el enfrentamiento entre visiones programáticas o orientaciones de
desarrollo, la mayor conflictividad local actual es el resultado de disputas
por la acumulación de dinero y poder entre grupos de poder local, a menudo
articulados a intereses regionales, nacionales e internacionales. Esta
conflictividad no es recogido necesariamente por los reportes del Estado, menos
atendido por políticas adecuadas.
4. Estas
disputas se realizan con distintas lógicas articuladas, a través de los medios
de comunicación, la competencia empresarial y las elecciones, pero también a
través de la corrupción, la extorsión y el ejercicio de la violencia. Ello ha
resultado en una nueva economía de conflicto y violencia que genera un clima de
miedo, de desconfianza y de violencia, que fragmenta la sociedad local, las
comunidades y organizaciones dificultando su capacidad de respuesta. En este
escenario, los asesinatos de autoridades, candidatos, operadores o dirigentes
(o sus familias, como pasó el año pasado en Pamputa, Cotabambas) son un recurso
último, pero cada vez más factible, además por acceso a armas a través de los
redes de economías grises e ilícitas.
5. Los
actores principales de estos conflictos son grupos de poder local,
“empresarios” dedicados a actividades legales, grises o ilegales (y a menudo
todo a la vez), comunicadores y medios de comunicación local, redes de operadores
políticos, proveedores y de “gestores” de obras. Ellos esperan controlar y
acceder a los diezmos en las obras de infraestructura, a los favores que
promete las empresas para quien las facilita el avanza en sus proyectos, o al
control de distintas actividades económicas satélites de la minería o de la
administración pública.
6. Es en
estos procesos complejos, difusos y oscuros en que la sociedad local organizada
debe intervenir para controlar su futuro, abriendo la puerta a conflictos
internos, corrupción o corporativización de estas organizaciones. Surgen nuevos
conflictos o se profundizan conflictos históricos. Hay confrontaciones entre
comunidades, poblaciones y hasta entre familiares por su forma de insertarse en
estos procesos (¿gran minería, minería artesanal o agricultura?) o por
conseguir sus beneficios (donde se encuentra el lindero entre dos comunidades
ahora pueda implicar ganancias o pérdidas económicas enormes). Ni hablar de los
“partidos políticos” quienes se han vuelto simples móviles para estas disputas
en tiempos electorales.
7. Nuñéz y
Roque fueron asesinados en circunstancias que ningún protocolo de seguridad
permitiera. En general, la mayor de parte de los autoridades locales, la
sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas comprometidos con la
democracia y los derechos humanos individuales y colectivos están poco
preparados para enfrentarse con este escenario, con la excepción de las rondas
campesinas en el Norte del país y algunos pueblos indígenas. Las prácticas de
(auto-)protección y seguridad están débiles, y las propuestas para políticas locales
o acciones colectivas frente a estas problemáticas también. Es urgente
(re-)construirlas.
A modo de conclusión preliminar…
Planteo entonces que estamos delante de nuevas
formas de violencia “política” en el país, que no expresa enfrentamientos ideológicos
o programáticos, si no la disputa de facto por el control de territorios y sus
recursos entre distintos grupos y redes que se muevan a menudo en las economías
legales, grises e ilícitas. La articulación y mezcla entre estas economías es
parte de la dinámica del capitalismo globalizado, como expresa tan claramente
la foto de la “Reina del Oro” doña Gregoria Casas con empresarios de Volvo .
Esta transformación de la política no solamente implica la amenaza principal
para la democracia en el país, sino también para generar un modelo de vida más
equitativo y sostenible, ya que es a través de estos procesos que se concentran
las riquezas y ganancias en manos de unos pocos.
Raphael Hoetmer
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