La CNDDHH hace pública su preocupación por las
declaraciones del Viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, con
relación a la negativa del gobierno de iniciar un registro de las mujeres
víctimas de esterilización forzada.
El día domingo 8 de septiembre se hicieron públicas
las declaraciones del Viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos con relación a la negativa del gobierno de iniciar
un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, poniendo como argumento
la supuesta imposibilidad del Poder Ejecutivo debido a que tendría que esperar
a “ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial”.
Al respecto, recordamos que las decisiones de
políticas públicas no requieren decisión judicial previa, y que en el Perú
tenemos como ejemplo el Registro Único de Víctimas a cargo del Consejo de
Reparaciones, entidad del Poder Ejecutivo adscrita al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a cargo del registro de las víctimas del conflicto armado
interno y que no ha necesitado de decisión judicial alguna para ser
implementado.
Cabe señalar que, pese al tiempo transcurrido, aún
no se conoce con exactitud el número de mujeres que fueron esterilizadas como
parte de una política estatal entre los años 1996 al 2000, siendo la gran
mayoría de víctimas mujeres en situación de pobreza indígenas y campesinas, las
cuales han visto afectada su salud de manera crónica y permanente como
consecuencia de estas intervenciones quirúrgicas. Tampoco se tiene un registro
de todas las mujeres esterilizadas, ni sus consentimientos informados, ni sus
historias clínicas.
Le recordamos al Presidente de la República,
Ollanta Humala, que en diciembre de 2011, cuando era candidato afirmó que se
había “hecho un daño irreparable con más de 300 mil mujeres que hoy día no
pueden ejercer su derecho sobre su cuerpo de ser madres o volver a ser madres y
eso fue sin su consentimiento y eso es una vergüenza, es un daño irreparable”.
A la fecha desde el Poder Ejecutivo no se ha hecho nada por reconocer la
responsabilidad del Estado frente a estas mujeres.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
consideramos que es imprescindible iniciar un registro de las mujeres víctimas
de esterilización forzada como medida inicial para implementar una política
pública de reparación y dignificación de estas mujeres.
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
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