Cuatro redes de instituciones –el Colectivo
Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de
Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de
la Tierra- denunciaron que la Ley 30230, aprobada dentro del ‘Paquete
Castilla’, atenta contra el ejercicio de la propiedad privada de las comunidades
y el Ordenamiento Territorial en el país, dejando en situación de
vulnerabilidad a más de 8 mil comunidades campesinas e indígenas y originando
un caldo de cultivo para numerosos conflictos sociales.
En julio de este año, la Comisión Permanente del
Congreso de la República aprobó la Ley N° 30230, una iniciativa del Ministerio
de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país.
Si bien la inversión es muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230
da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias
para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.
Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al
Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de
inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades,
ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de
tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados
o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.
Richard Smith, director ejecutivo del IBC,
organización que lidera el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades
del Perú, explicó que el Título III de la ley se quedó ausente del debate en
julio. “Haciendo el análisis, nos dimos cuenta de que este título III es una
bomba de tiempo, pues estos predios a los que hace mención pueden ser propiedad
privada o del Estado. Si son propiedad privada, ya con título y registrados,
entonces le corresponde a Cofopri delimitar el área que requiere el proyecto de
inversión, en el lugar y tamaño que solicite, y traspasar la propiedad al
proyecto de inversión mediante ‘procedimientos especiales’. Nosotros nos
preguntamos cuáles son estos procedimientos especiales, porque la ley no lo
define, podría tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.”,
indicó.
Una reforma
agraria al revés
Richard Smith agregó que existe otro punto, el
artículo 57 de la ley, que faculta a la Superintendencia de Bienes Nacionales
poderes extraordinarios de extinguir las “cesiones en uso” de las tierras y
recursos estatales. Esta podría ser una amenaza directa a las Comunidades
Nativas ya que el Estado no da título de propiedad sobre las tierras
clasificadas como “forestales”, sino da una “cesión en uso”.
“Hay que derogar el título III y hay que excluir a
las comunidades y pequeños propietarios y agricultores del alcance de este
punto de la ley, en cuya reglamentación no se ha considerado ni al Ministerio
de Agricultura y Riego – Minagri, ente rector de titulación de las tierras
rurales; ni al Ministerio de Cultura, ente rector para las poblaciones
indígenas en el Perú. ¿Ha habido una consulta previa sobre la ley y su
reglamento? No”, expresó Smith. Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo
envió una carta a la premier Ana Jara en que se indicaba que esta ley no es
aplicable a los territorios comunales porque va en contra de la Constitución.
Por su parte, Álvaro Campana, Coordinador de la
Plataforma de Ordenamiento Territorial, sostuvo que la Ley 30230 toca
brevemente el tema del ordenamiento territorial en su artículo 22; sin embargo,
“prácticamente echa abajo todo lo que se ha avanzado en materia de ordenamiento
y las acciones para evitar la superposición de usos, la falta de planeamiento,
la depredación de recursos, los conflictos sociales y la afectación de los
derechos de la población”, indicó.
Recordó que el propio presidente de la República,
Ollanta Humala, al inicio de su gestión, indicó que hay que definir qué áreas
son para conservación y qué otras corresponden a la explotación de recursos
renovables y no renovables; con participación de la población para evitar males
como la tala ilegal de madera. “Ahora, se quiere dejar el territorio al libre
albedrío de las inversiones. El presidente prometió una ley de ordenamiento
territorial, sin embargo esta aún no se discute en el Congreso”, expresó.
De la misma forma, se afecta y relativiza las
competencias del Ministerio del Ambiente en materia de ordenamiento
territorial, así como de los gobiernos regionales, sostuvo. Además, explicó que
durante un año se trabajó en el planteamiento de una política de Estado para el
ordenamiento territorial, esfuerzo que con esta ley “se ha venido abajo, pues
la misma población que habita los territorios es excluida de decidir lo que se
va a hacer con él”.
“Ante la falta de un marco institucional y social
claro para el uso del territorio lo que se pone en riesgo son las propias
inversiones porque no hay condiciones sociales que hagan posible que estas
inversiones puedan desarrollarse con transparencia y marcos claros”, dijo.
En tanto, Antolín Huáscar, vocero del Pacto de
Unidad, explicó que estas normas se han venido arrastrando desde hace décadas
en el país. “En el año 1992, con el gobierno de Alberto Fujimori, nació el
decreto legislativo 653, que abrió el camino para el ingreso de inversión
privada sobre las tierras de comunidades campesinas nativas. Luego vino el
paquete de decretos legislativos de Alan García, con lo que se provocó la
matanza en Bagua. Ahora, el Congreso aprueba una norma que no tiene el aval de
todos los congresistas, sino que fue aprobada casi desapercibidamente,
Finalmente, Rocío Silva Santisteban, de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indicó que en el informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación existe una recomendación sobre
ordenamiento territorial. “Para que el país sea más justo debe haber un
planteamiento de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay
reservas ecológicos, minería o hidrocarburos”, explicó.
Desde el
2013
“¿Dónde ha nacido, sobre todo, el título III de
esta ley? Existe un documento denominado Plan de Acción para Mejorar los
Procesos de Saneamiento Físico Legal de Predios para la Inversión, y sale del
‘Consejo Nacional de la Competitividad’, que es un pequeño grupo dentro del
Ministerio de Economía y Finanzas. Este plan, de julio de 2013, cuando aún no
se hablaba de crisis ni de reactivar la economía, es la base para el Título III
de la Ley 30230. Entre los muchos documentos de este Consejo encontrarán
también documentación de consultorías sobre cómo facilitar las expropiaciones, y las bases de los ‘paquetazos’ que se vienen
a futuro”, finalizó Richard Smith.
Red Muqui
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