MATANZA. Doce campesinos fueron asesinados por una
patrulla militar en una recóndita comunidad campesina de Cusco. Fueron
dinamitados y luego rematados a balazos. El caso vuelve a la memoria por el
reinicio del juicio en contra de ocho militares (r) para quienes la fiscalía
pidió 35 años de cárcel. La semana pasada miembros de la Sala Penal Nacional
recogieron en Espinar testimonios.
Natividad Quispe Gómez todavía vive. Tiene 68 años
y está sola en la provincia cusqueña de Antabamba. El 26 de abril de 1990
perdió a su esposo Víctor Simeón Huachaca Flores. Éste junto a otros once
comuneros falleció por una carga de dinamita colocada por militares. Para
evitar que alguno quedara vivo los remataron a balazos en la comunidad de
Collpa Cashahui, distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas.
En aquella época el Perú se desangraba a causa de
la violencia política.
A pesar de los años, Natividad no puede contener
las lágrimas al recordar el suceso: “Los soldados detuvieron a mi esposo. Toda
la noche lo castigaron. Por la mañana intenté buscarlo pero los soldados no me
dejaron pasar. Uno me dijo: mujer regresa, ya he matado a tu esposo, a ti también
te voy a matar. Dispararon. Me asusté y volví a mi casa. Después lo encontré (a
Víctor) muerto, calato y con su boca llena de sangre”.
La mujer viajó doce horas desde Antabamba hasta
Yauri, capital de la provincia de Espinar, a cinco horas de Cusco, para contar
su desgarradora historia a los jueces del colegiado B de la Sala Penal
Nacional. Los magistrados se trasladaron a Yauri para recoger la manifestación
de 100 testigos (en su mayoría familiares de las víctimas). Hicieron su trabajo
martes, miércoles y jueves de la semana pasada.
Esta matanza quedó en la impunidad por 25 años.
Ahora los familiares tienen la esperanza de encontrar justicia.
El calvario de estas familias empezó cuando una
patrulla militar de la Base Contrasubversiva de Antabamba (Apurímac), zona
limítrofe con Cusco, detuvo a un grupo de campesinos por supuestos vínculos con
Sendero Luminoso. Fueron torturados para que confiesen que eran terroristas.
Semidesnudos y ensangrentados los llevaron en fila
hasta el cerro Capollullo. Al mando de los militares se encontraba el teniente
del Ejército Peruano (EP), Alan Walter Olivari Medina, apodado “Teniente
Negro”.
Entre las enormes formaciones rocosas, que existen
en las faldas de la montaña los mataron. Luego los enterraron entre las
piedras.
Agazapada en un escondrijo lejano María Pacco
Llajtahuamani fue testigo de la brutal escena. Entre las víctimas se hallaban
sus hijos Juan y Zenón Huisa Pacco de 19 y 17 años respectivamente. También su
yerno Telésforo.
Antes de presenciar esa escena, María intentó
convencer a los militares de la inocencia de Juan, Zenón y Telésforo para que
sean liberados. No la escucharon. La golpearon y ordenaron que se alejara de
ahí.
María no hizo caso. A escondidas siguió el
recorrido de las víctimas hasta la montaña donde los mataron. Desde entonces
invirtió tiempo y dinero en busca de justicia, pero nunca la encontró. Murió en
2013.
Historia de
la Matanza
La matanza de Cashahui fue una masacre ocurrida en
la lejana comunidad Collpa Cashahui de Chumbivilcas (Cusco), en el último tramo
del primer gobierno de Alan García. Ha pasado más de dos décadas y los deudos
de las víctimas siguen esperando que los asesinos sean castigados.
Antes de ser asesinados, según el Ministerio
Público, las víctimas sufrieron torturas físicas. En esta comunidad se
cometieron otras atrocidades: los militares violaron a dos mujeres.
También hay seis comuneros desaparecidos. Uno de
ellos es Telésforo Alférez Achinquipa, hijo del septuagenario Epifanio
Achinquipa Triveño. “Ni siquiera sé si está vivo o muerto. Quiero que los
soldados nos digan que le hicieron a mi hijo”.
El caso llegó a los tribunales dos meses después
del crimen, pero el Juzgado de Chumbivilcas lo archivó. La historia se repitió
en dos ocasiones más. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ordenó al estado Peruano que vuelva a juzgar el caso.
Acusados Identificados
La fiscalía ha identificado a los presuntos
asesinos de las víctimas. Se trata de: Jaime Manuel Pando Navarrete, capitan EP
(r) de la Base Contrasubversiva de Antabamba; Alan Olivari, teniente (r) a
cargo de patrulla; y los soldados (r) Federico Cahuascanco Pucho, Mario Cruz
Porcela, Felipe Montañez Ccama, Beltrán Tapia Carrasco, Alberto Alviz Medina y
José Pérez Quispe.
Se solicita 35 años de prisión para cada uno por
los presuntos delitos de asesinato, lesiones graves seguida de muerte,
desaparición forzada y violación sexual. La defensa de las víctimas está a
cargo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Derechos Humanos Sin
Fronteras (DHSF) y la Vicaría de Solidaridad de Sicuani.
José Llatas Pérez, abogado de DHSF, refirió que los
miembros de la Sala Penal Nacional se resisten a seguir recogiendo los
testimonios en Espinar. “Es posible que las siguientes audiencias se hagan en
Lima, con lo que los testigos no podrán asistir”.
Para que el caso sea reabierto tuvo un peso
relevante el informe que entregó la Comisión del Senado de la República que
estuvo presidida por Raúl Ferrero Costa e integrada por Gustavo Mohme Llona,
Javier Diez Canseco, entre otros.
Claves
Otro caso aún impune es el crimen de Zacarías Pasca
Huamaní y Marcelino Valencia a manos del alférez Miguel Ángel Alva Quiroz y su
subalterno Guido Huallpa Roca. El 24 de setiembre de 1990, ambos efectivos en
aparente estado de ebriedad, detuvieron a los ciudadanos de Chumbivilcas y
dentro de la comisaría les hicieron cavar dos huecos, bajo amenaza de
asesinarlos.
Cuando los hoyos tenían buena profundidad, Alva
Quiroz desenfundó su arma de fuego. Obligó a Zacarías y Marcelino a ponerse de
rodillas y los mató.
José Víctor Salcedo – La República
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