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miércoles, 12 de noviembre de 2014

Matanza en Cashahui: 25 años de impunidad

MATANZA. Doce campesinos fueron asesinados por una patrulla militar en una recóndita comunidad campesina de Cusco. Fueron dinamitados y luego rematados a balazos. El caso vuelve a la memoria por el reinicio del juicio en contra de ocho militares (r) para quienes la fiscalía pidió 35 años de cárcel. La semana pasada miembros de la Sala Penal Nacional recogieron en Espinar testimonios.

Natividad Quispe Gómez todavía vive. Tiene 68 años y está sola en la provincia cusqueña de Antabamba. El 26 de abril de 1990 perdió a su esposo Víctor Simeón Huachaca Flores. Éste junto a otros once comuneros falleció por una carga de dinamita colocada por militares. Para evitar que alguno quedara vivo los remataron a balazos en la comunidad de Collpa Cashahui, distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas.

En aquella época el Perú se desangraba a causa de la violencia política.

A pesar de los años, Natividad no puede contener las lágrimas al recordar el suceso: “Los soldados detuvieron a mi esposo. Toda la noche lo castigaron. Por la mañana intenté buscarlo pero los soldados no me dejaron pasar. Uno me dijo: mujer regresa, ya he matado a tu esposo, a ti también te voy a matar. Dispararon. Me asusté y volví a mi casa. Después lo encontré (a Víctor) muerto, calato y con su boca llena de sangre”.

La mujer viajó doce horas desde Antabamba hasta Yauri, capital de la provincia de Espinar, a cinco horas de Cusco, para contar su desgarradora historia a los jueces del colegiado B de la Sala Penal Nacional. Los magistrados se trasladaron a Yauri para recoger la manifestación de 100 testigos (en su mayoría familiares de las víctimas). Hicieron su trabajo martes, miércoles y jueves de la semana pasada.

Esta matanza quedó en la impunidad por 25 años. Ahora los familiares tienen la esperanza de encontrar justicia.

El calvario de estas familias empezó cuando una patrulla militar de la Base Contrasubversiva de Antabamba (Apurímac), zona limítrofe con Cusco, detuvo a un grupo de campesinos por supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Fueron torturados para que confiesen que eran terroristas.

Semidesnudos y ensangrentados los llevaron en fila hasta el cerro Capollullo. Al mando de los militares se encontraba el teniente del Ejército Peruano (EP), Alan Walter Olivari Medina, apodado “Teniente Negro”.

Entre las enormes formaciones rocosas, que existen en las faldas de la montaña los mataron. Luego los enterraron entre las piedras.

Agazapada en un escondrijo lejano María Pacco Llajtahuamani fue testigo de la brutal escena. Entre las víctimas se hallaban sus hijos Juan y Zenón Huisa Pacco de 19 y 17 años respectivamente. También su yerno Telésforo.

Antes de presenciar esa escena, María intentó convencer a los militares de la inocencia de Juan, Zenón y Telésforo para que sean liberados. No la escucharon. La golpearon y ordenaron que se alejara de ahí.

María no hizo caso. A escondidas siguió el recorrido de las víctimas hasta la montaña donde los mataron. Desde entonces invirtió tiempo y dinero en busca de justicia, pero nunca la encontró. Murió en 2013.

Historia de la Matanza
La matanza de Cashahui fue una masacre ocurrida en la lejana comunidad Collpa Cashahui de Chumbivilcas (Cusco), en el último tramo del primer gobierno de Alan García. Ha pasado más de dos décadas y los deudos de las víctimas siguen esperando que los asesinos sean castigados.

Antes de ser asesinados, según el Ministerio Público, las víctimas sufrieron torturas físicas. En esta comunidad se cometieron otras atrocidades: los militares violaron a dos mujeres.

También hay seis comuneros desaparecidos. Uno de ellos es Telésforo Alférez Achinquipa, hijo del septuagenario Epifanio Achinquipa Triveño. “Ni siquiera sé si está vivo o muerto. Quiero que los soldados nos digan que le hicieron a mi hijo”.

El caso llegó a los tribunales dos meses después del crimen, pero el Juzgado de Chumbivilcas lo archivó. La historia se repitió en dos ocasiones más. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al estado Peruano que vuelva a juzgar el caso.

Acusados Identificados
La fiscalía ha identificado a los presuntos asesinos de las víctimas. Se trata de: Jaime Manuel Pando Navarrete, capitan EP (r) de la Base Contrasubversiva de Antabamba; Alan Olivari, teniente (r) a cargo de patrulla; y los soldados (r) Federico Cahuascanco Pucho, Mario Cruz Porcela, Felipe Montañez Ccama, Beltrán Tapia Carrasco, Alberto Alviz Medina y José Pérez Quispe.

Se solicita 35 años de prisión para cada uno por los presuntos delitos de asesinato, lesiones graves seguida de muerte, desaparición forzada y violación sexual. La defensa de las víctimas está a cargo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y la Vicaría de Solidaridad de Sicuani.

José Llatas Pérez, abogado de DHSF, refirió que los miembros de la Sala Penal Nacional se resisten a seguir recogiendo los testimonios en Espinar. “Es posible que las siguientes audiencias se hagan en Lima, con lo que los testigos no podrán asistir”.

Para que el caso sea reabierto tuvo un peso relevante el informe que entregó la Comisión del Senado de la República que estuvo presidida por Raúl Ferrero Costa e integrada por Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco, entre otros.

Claves
Otro caso aún impune es el crimen de Zacarías Pasca Huamaní y Marcelino Valencia a manos del alférez Miguel Ángel Alva Quiroz y su subalterno Guido Huallpa Roca. El 24 de setiembre de 1990, ambos efectivos en aparente estado de ebriedad, detuvieron a los ciudadanos de Chumbivilcas y dentro de la comisaría les hicieron cavar dos huecos, bajo amenaza de asesinarlos.

Cuando los hoyos tenían buena profundidad, Alva Quiroz desenfundó su arma de fuego. Obligó a Zacarías y Marcelino a ponerse de rodillas y los mató.

José Víctor Salcedo – La República


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