Los graves sucesos que están
aconteciendo en torno al conflicto minero en la zona de Valle del Tambo en la
provincia de Islay, Arequipa, al sur del Perú, confirman que defender el agua,
la tierra, la agricultura y el derecho de consulta del avance de las
operaciones mineras puede ser muy riesgoso para defensoras y defensores
ambientales. La empresa Southern, del grupo México, apoyada por el gobierno
peruano y los grandes medios de comunicación hacen que la seguridad de la
resistencia ciudadana pueda ser peligrosa. El día jueves pasado la policía
asesinó al campesino Valeriano Huayna Nina cuando participaba en
las protestas contra el proyecto Tía María.
Los métodos utilizados en países como
el Perú para imponer proyectos mineros ha ido mas allá de
todo lo razonable.
La desesperación por el rechazo
comunitario que ha llevado a actores políticos a acusar de “terrorismo
antiminero” la legítima defensa de derechos por parte de campesinos es
calumniosa, peligrosa e inaceptable.
Se entiende como un llamado a destruir
por medios no democráticos la expresión genuina que contrapone modelos de
desarrollo locales a un extractivismo depredador, excluyente y benefactor de
empresas transnacionales con costos socioambientales probadamente
irreversibles.
Desde el Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina, OCMAL, rechazamos la persecución y criminalización
de las comunidades campesinas que defienden su derecho a proteger el medio
ambiente y su fuente de sustento basado en la agricultura.
Consideramos extremadamente peligroso
el señalamiento de líderes ambientales y miembros de nuestra red,
como lo es Marco Arana, premiado nacional e internacionalmente por organismos
de Derechos Humanos por la defensa del ambiente y las comunidades más afectadas
por la depredación ambiental en el Perú.
Rechazamos los esfuerzos por
tergiversar las luchas por la defensa de los Derechos Humanos y los intentos
por deslegitimar el importante trabajo que realizan muchas instituciones de la
sociedad civil de Perú como GRUFIDES, LA RED MUQUI, COOPERACCION Y LA COORDINADORA
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, en aras de la armonía y convivencia de los seres
humanos con la naturaleza.
Exigimos la investigación y sanción
para los policías que asesinaron al agricultor Valeriano Huayna Nina el jueves
pasado, sumándose así a las 41 muertes de defensores ambientales que se han
producido durante el gobierno de Ollanta Humala. Todas ellas están quedando hasta
el momento en la más absoluta impunidad.
Exigimos la rectificación y justa
valoración de los esfuerzos de las comunidades campesinas de Valle del Tambo,
de sus representantes, así como de defensoras y defensores de derechos humanos como
Marco Arana.
Exigimos la investigación y pública
difusión de los intereses existentes tras las acusaciones infundadas y
temerarias que pretenden falazmente desacreditar la defensa de la madre tierra,
asumida valientemente por comunidades y figuras públicas en el hermano país del
Perú.
Responsabilizamos al gobierno central
por la protección de quienes hoy, cobardemente, son tratados como terroristas y
delincuentes por el solo hecho de defender los derechos sociales y ambientales
de una comunidad amenazada por el extractivismo minero.
Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina, OCMAL
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