La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en
nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto
promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves
acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo
y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El
Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:
1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor
Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las
protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras
condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La
confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un
tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la
fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida
del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos
de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya
destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la
violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le
muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la
necropsia de ley.
2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la
atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la
ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios
para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los
detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva.
Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como
estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura,
Pichanaki, entre otros).
3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas
está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper
Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de
cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un
valle agrícola altamente productivo.
4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado
incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las
autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha
llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales
del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales.
Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a
los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa
manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido
expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el
lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los
agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la
necesidad de un diálogo transparente y auténtico.
5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta
Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso
excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los
responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas
heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público
con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de
impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41
muertes.
6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de
Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a
implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales
democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al
entendimiento necesario que permita
retomar la calma en todo el Valle de Tambo.
Lima 23 de abril del 2015
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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