Con el Decreto Legislativo 1237, se incrementan hasta 35
años las penas impuestas para quienes asesinen policías, miembros de las
Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional o a
cualquier autoridad elegida por mandato popular.
Sin embargo, y aunque
es válido resaltar lo positivo de esta norma en cuanto a castigo a
perpetradores de crímenes contra autoridades, como en los casos registrados en
el presente año como son el asesinato del alcalde provincial de Paruro y el
alcalde distrital de Mara en la región Arequipa, es necesario observar que
dicha norma también se refiere a algunas medidas de protesta.
Así, se señala que las tomas de locales, la obstaculización
de vías de comunicación, impedimento de libre tránsito de la ciudadanía o
perturbación del funcionamiento de los servicios públicos serian castigados con
entre 5 y 10 años de cárcel.
Finalmente, es necesario estar atentos ante este nuevo
Decreto Legislativo 1237, ya que podría significar una nueva forma de
criminalización de la protesta social.
Derechos Humanos Sin Fronteras
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