Urresti es actualmente investigado por su
participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988
Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al
reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú,
Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del
Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación
por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por
la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el
conflicto armado interno peruano.
Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa
Legal (IDL) la semana pasada, Urresti está siendo investigado como presunto
autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la
revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su
compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles
en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder
al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez. En
la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles
de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que
conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de
Bustíos, los atacantes colocaron una carga explosiva, provocando su muerte.
Urresti, capitán del Ejército en ese momento, se desempeñaba como jefe de la
Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.
La investigación inicial del caso fue conducida por
la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado
por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la
Comisión Inter-American de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado
peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas
Arce.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la
investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a
los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanberto a 17 y 15 años
respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato
en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer
la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder
Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo
refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados
y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa
al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el
apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata
Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no
identificados”.
El auto de apertura de instrucción se sustenta en
varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del
ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en
noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti
como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de
Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva
de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de
Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la
violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran
periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a
una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto
a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una
afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en
Perú”.
Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF,
“este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad
del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los
responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir
que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y
supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.
Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA,
considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al
proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para
las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la
consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de
su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de
Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de
familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.
Con base en lo anterior, solicitamos
respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder
Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se
siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato
de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al
General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su
responsabilidad penal en estos hechos.
Enlaces de interés:
Auto de apertura de instrucción contra Daniel
Urresti, de 17 de junio de 2013,
http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe No. 38/97, Caso 10.548, Hugo Bustíos Saavedra, de 16 de octubre de
1997, http://www.cidh.org/annualrep/97span/Peru10.548.htm
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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