Tras la controversia en la licitación del Gasoducto
al Sur, adjudicado al consorcio conformado por Odebrecht (Brasil) y Enagás
(España) y las denuncias de irregularidades de parte del descalificado
Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GDF
Suez, Sempra, Techint y TGI), la Congresista Verónika Mendoza dio a conocer que
solicitó a Proinversión un informe aclaratorio respecto al proceso de licitación.
“Necesitamos tener la certeza de que el consorcio ganador es el que realmente
presentó la mejor propuesta técnica y económica. Esto no está claro puesto que
el que presentó el costo de servicio total más ‘barato’ fue descalificado. Son
$135 Millones de más que va a costar el proyecto con esta decisión”.
Por otra parte señaló que “después de tres años de
marchas y contramarchas, de cambios en el proyecto, por fin tenemos un avance y
eso se lo debemos a los pueblos del Sur que no permitieron que Merino impusiera
su etanoducto costero sin ningún sustento. Sin embargo quedan muchos temas
pendientes, entre ellos: la capitalización a favor de Petroperú de la garantía
de red principal que vamos a pagar todos los peruanos, eso conforme a las leyes
vigentes, la construcción del poliducto, la promoción del polo petroquímico y
la planta de fraccionamiento de Kepashiato. Para eso se debe asegurar las
reservas del etano de los 4 lotes de Camisea. Recordemos que la mayor
rentabilidad está en los líquidos de gas y en la industria que se puede derivar
de ellos: producción de combustibles, etileno, plásticos, etc., lo que
generaría mayor empleo y dinamización de las economías locales”.
La parlamentaria también recordó que está pendiente
la aprobación del Plan de protección de la Reserva indígena Kugapakori, Nahua,
Nanti. “El Estado aprobó la ampliación de actividades dentro del lote 88 pero
olvida que el lote está dentro de una reserva para pueblos en aislamiento que
requieren protección. Se debe aprobar el Plan de protección de la Reserva,
implementar una estrategia de atención en salud y promover un proceso de
consulta previa a los pueblos en contacto inicial para una intervención
integral y culturalmente pertinente en la zona”.
Finalmente, señaló que la construcción del
gasoducto debe hacerse tomando en cuenta el medio ambiente: “queremos un
gasoducto pero que no atente contra nuestro patrimonio cultural ni natural, el
ducto probablemente atraviese zonas con riqueza arqueológica y ecosistemas
vulnerables. El estudio de impacto ambiental deberá ser riguroso. El Estado
debe estar en la capacidad de conciliar rapidez, efectividad y rigurosidad en
la aprobación de los EIAs, y eso no se va a lograr si se aprueba el ‘paquete
Castilla’ que más bien busca flexibilizar la evaluación y la fiscalización
ambiental”, concluyó.
Despacho Congresista Veronika Mendoza.
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