Las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil cusqueña abajo firmantes
manifestamos nuestra gran preocupación y descontento en relación al proceso de
revisión de las Políticas Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial
así como con el actual borrador de la nueva Política y Estándares Ambientales y
Sociales que el Banco ha publicado. El
objetivo de dichas salvaguardas es prever y asegurar que no existan impactos
negativos a causa de proyectos financiados por el Banco. Esto en el marco del
objetivo original del Banco que es erradicar la pobreza extrema y promover
una prosperidad compartida.
La propuesta
que se somete a consulta en Cusco y Lima, cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de
las salvaguardas a los prestatarios. No se deja claro cómo y cuándo se usarán
los sistemas normativos de los países prestatarios y no se establecen criterios
claros sobre en qué casos los sistemas de los países son aceptables. Esto es
preocupante ya que muchos países como el Perú ha debilitado sus marcos
normativos, poniendo en peligro la plena garantía y respeto de los derechos indígenas,
ambientales y laborales. Aquí, mencionamos solo algunas de nuestras principales
preocupaciones, que serán presentadas al Banco mediante una comunicación formal:
Ambiental:
1.
En el marco vigente un requisito indispensable
consiste en evaluar los impactos y riesgos ambientales y sociales antes a la
aprobación de un proyecto. El nuevo marco establece que las evaluaciones
ambientales y sociales (EIAS) deben iniciarse “lo más temprano posible”, sin
especificar su carácter previo. Poniendo en riesgo los procesos de Consulta, ya
que éstos no pueden realizarse sin tener información completa antes de iniciar un
determinado proyecto.
Pueblos
Indígenas
1.
La propuesta del Banco plantea una “cláusula de
exclusión” que permite que los prestatarios opten por no implementar los
requerimientos de la política de pueblos indígenas. Esto va contra el reconocimiento
internacional de los derechos específicos y fundamentales de los pueblos
indígenas sobre sus territorios, tierras y recursos. Por ello, planteamos que
el Banco quite por completo dicha cláusula y mantenga la política de pueblos
indígenas vigente para todas las operaciones que el Banco financia.
Laboral
1.
La propuesta del Banco es débil ya que solo protege a
trabajadores directamente contratados por el proyecto y excluye a subcontratistas
y funcionarios públicos encargados en forma indirecta del proyecto. No protege
los derechos laborales fundamentales e integrales a lo largo de la cadena de trabajo
que involucra la ejecución de un proyecto. El Banco debe hacer cumplir los
convenios de la OIT con referencia a condiciones inseguras de trabajo, trabajo
infantil, salarios no pagados y la negación del derecho de asociación y
libertad sindical.
El actual proceso de Consultas Públicas
del Banco ha tenido un carácter meramente informativo antes que de consulta y
retroalimentación. No se ha promovido una activa y oportuna participación de la
sociedad civil. Por ello, exigimos una mayor participación e inclusión de la
sociedad civil local y nacional en el proceso de Consultas Públicas del Banco,
En lugar de
promover la mejora de estándares este borrador incentiva que otros bancos
multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de
desarrollo y otras iniciativas como el Fondo Verde Climático reduzcan sus
estándares. Incentivando a su vez que los países de la región debiliten aún más
sus marcos ambientales y sociales.
Queremos expresa nuestra preocupación
por lo que NO representa un hecho aislado, al contrario, esta iniciativa de un
ente internacional refuerza las tendencias nacionales, donde hemos visto una
voluntad precarizadora de derechos desde el Gobierno peruano en los últimos
meses. Donde las comunidades nativas y campesinas en el Cusco y en todo el país,
se han expuesto a una serie de iniciativas legislativas que debilitan políticas
ambientales, y desconocen derechos de los Pueblos Indígenas. Desde la Ley N°
30230, hasta el último DS 001-2015-EM que desconoce los derechos de propiedad
comunal. Hasta el debilitamiento significativo de la autoridad y capacidad del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Y en esta línea
también incluimos la derogada iniciativa del Régimen Laboral Juvenil, y la
desidia por impulsar un debate y la promulgación de una Ley General del Trabajo
que reconozca y garantice derechos plenos a todos y todas las trabajadores y
trabajadoras del país.
En una región como el Cusco con altos
índices de desigualdad, donde la gran mayoría de la población viven en zonas
rurales y donde los pueblos indígenas que la habitan dependen de recursos
naturales y servicios ecosistémicos, la propuesta del Banco Mundial no contiene
procedimientos y requerimientos obligatorios para proteger la forma de vida y
el medio ambiental de las comunidades. Ni promueve a nivel ciudadano, el
respeto pleno de los derechos laborales reconocidos en convenios
internacionales.
En ese sentido consideramos que la
propuesta del Banco mundial no ofrece los procedimientos y requerimientos
necesarios para la protección mínima de la población y del medio ambiente por
lo menos en las operaciones que el Banco Mundial financia. Por estas razones, y
otras que van más allá de este pronunciamiento, exigimos al Banco que tome en
cuenta las agendas de los territorios en los que convoca a estas consultas. Y que
incorpore las distintas propuestas que se le han hecho llegar a lo largo de los
últimos años, en pro de un Marco Ambiental y Social con estándares acordes al
respeto de los derechos humanos.
Cusco, 02 de Febrero de 2015
Federación Agraria Revolucionaria Túpac
Amaru del Cusco – FARTAC.
Colectivo Juventud Cusco.
Consejo Machiguenga del Rio Urubamba –
COMARU
Red Muqui.
Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF.
CADEP Jose Maria Arguedas.
Cedep Ayllu
Derechos Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Despacho de la Congresista Veronika
Mendoza.
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